La Cámara de Apelaciones dictó una medida precautelar que suspende las obras impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y el Arzobispado. Los jueces advirtieron que el daño sobre el Monumento Histórico Nacional sería “irreversible” y criticaron un fallo previo que ignoraba la protección patrimonial.
La batalla judicial por el futuro del Luna Park sumó un capítulo determinante a favor de su preservación. La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó la suspensión inmediata de cualquier intento de demolición del “Palacio de los Deportes”, un edificio catalogado con protección estructural y declarado Monumento Histórico Nacional.
Decisión judicial: Los camaristas Hugo Zuleta y Gabriela Seijas priorizaron el “principio de precaución” ante la inminencia de un daño que no tendría vuelta atrás.
El proyecto en disputa: El plan, aprobado por la Ciudad, preveía demoler el 90% del interior del estadio para construir un nuevo recinto un 30% más grande.
Actores clave: La demanda fue impulsada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y ONGs como Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
De los 12.943 metros cuadrados actuales, el proyecto oficial planeaba dejar en pie solo 1.331 metros del edificio histórico.
La resolución de la Cámara llega para corregir un polémico fallo de la jueza de primera instancia Natalia Tanno, quien inicialmente había autorizado el avance de las máquinas. Los demandantes calificaron aquella sentencia como arbitraria, denunciando que la magistrada omitió aplicar el Código Urbanístico que protege taxativamente la fachada, la cubierta y el interior del inmueble.
Según los informes técnicos de los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli, incorporados en el expediente, la obra aprobada mediante la Disposición 1283/DGIUR/25 violaba las restricciones vigentes al permitir un incremento del volumen y la altura del edificio, apoyando el nuevo techo directamente sobre la línea de fachada.
Uno de los argumentos centrales de la sociedad civil es que el Luna Park puede actualizarse tecnológicamente sin necesidad de ser reducido a escombros. En la apelación, se citaron ejemplos internacionales y locales de gestión patrimonial exitosa:
Teatro Colón: Renovado íntegramente respetando cada detalle histórico.
Sydney Opera House: Actualizado para los estándares modernos sin alterar su estructura icónica.
Los especialistas advirtieron que, de no haberse dictado este freno, el Luna Park se habría convertido en el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde el regreso de la democracia en 1983. Por ahora, la “tutela judicial efectiva” garantiza que el edificio, propiedad del Arzobispado de Buenos Aires, mantenga su fisonomía original mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La Cámara fue tajante: si la demolición avanzaba, cualquier fallo posterior sería “abstracto o ilusorio” porque el objeto del proceso ya no existiría. Para las organizaciones vecinales y patrimonialistas, esta medida representa un alivio frente al avance de proyectos inmobiliarios que buscan aumentar la rentabilidad a costa de la identidad cultural y la memoria social de los porteños.
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