Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa al sostener que la ley actual presentaba ambigüedades que frenaban inversiones por cerca de 20.000 millones de dólares.
Según el legislador, la reforma fortalece el federalismo al permitir que las jurisdicciones realicen estudios de mayor profundidad que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) no podía costear.
En la misma línea, el diputado sanjuanino Carlos Quiroga afirmó que esta medida permitirá traer progreso mediante el trabajo privado.
Por el contrario, diversos sectores de la oposición calificaron la jornada como un retroceso en materia de preservación. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, advirtió sobre la inconstitucionalidad de la norma, mientras que Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, señaló que la modificación genera una zona de baja previsibilidad jurídica.
Los críticos enfatizaron que la descentralización del control ambiental podría derivar en una competencia entre provincias para flexibilizar controles y atraer capitales.