La revelación ocurrió durante un juicio contra una comunidad mapuche. El denunciante, Hugo Barabucci, admitió haber recibido dos millones de dólares del Emir de Abu Dabi para adquirir 14.000 hectáreas. El caso sacude al gobierno de Alberto Weretilneck y pone la lupa sobre la Ley de Tierras.
Lo que comenzó como un juicio por usurpación contra una mujer mapuche en la cordillera rionegrina terminó detonando una crisis política de dimensiones internacionales. Hugo Alberto Barabucci, quien denunció a Soledad Cayunao por ocupar tierras en las nacientes del río Chubut, confesó ante la justicia que compró la megaestancia de 14.000 hectáreas gracias a una “donación” de dos millones de dólares proveniente del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.
La declaración de Barabucci cayó como una bomba en el frente Juntos Somos Río Negro. Según el empresario, quien reside desde hace décadas en Medio Oriente, el dinero le fue entregado por el entorno del Emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan, actual presidente de los Emiratos Árabes. Con esos fondos, en 2017 —durante el segundo mandato de Alberto Weretilneck— le compró el campo al titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.
La confesión de Barabucci no es solo un dato pintoresco de la alta sociedad; representa una posible violación a la Ley de Tierras Rurales (N° 26.737). Esta norma prohíbe taxativamente que extranjeros adquieran tierras en zonas de seguridad de frontera, ya sea de forma directa o mediante “interpósita persona”. Al admitir que actuó como receptor de una donación de un mandatario extranjero para comprar un campo lindero con Chile, Barabucci quedó en el centro de una controversia legal que el Gobierno nacional intentó desactivar mediante el DNU 70/2023, cuya derogación de la Ley de Tierras permanece frenada por la Justicia.
La propiedad, denominada Las Marías, se encuentra en el paraje El Manso, a unos 100 kilómetros de Bariloche. La zona es estratégica y vecina a Lago Escondido, la estancia del magnate británico Joe Lewis, también cuestionado por la restricción de acceso a espejos de agua públicos.
El escándalo ha generado grietas internas en el partido del gobernador Weretilneck. Fuentes del propio oficialismo admiten que se habrían forzado normativas ambientales para permitir que Barabucci construyera una mansión sobre la ladera rocosa. Además, los pobladores locales denuncian que el empresario construyó un camino privado de gran extensión que atraviesa la montaña, obligando a los vecinos a pedir autorización para circular o, en su defecto, realizar trayectos mucho más largos ante la falta de rutas alternativas.
Este episodio se suma a las crecientes sospechas sobre los vínculos de Weretilneck con los jerarcas del Golfo. Recientemente, se filtraron audios que vinculan al gobernador con maniobras para privatizar el Cerro Catedral en favor del Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.
Mientras Soledad Cayunao fue declarada inocente en el juicio que originó la revelación, la atención se desplaza ahora hacia la legalidad de la propiedad de Barabucci. La justicia deberá determinar si el empresario actuó como un simple testaferro de los capitales emiratíes para eludir las leyes de soberanía territorial en la sensible frontera patagónica.
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La revelación ocurrió durante un juicio contra una comunidad mapuche. El denunciante, Hugo Barabucci, admitió haber recibido dos millones de dólares del Emir de Abu Dabi para adquirir 14.000 hectáreas. El caso sacude al gobierno de Alberto Weretilneck y pone la lupa sobre la Ley de Tierras.
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