Casa Rosada fijó plazo hasta el 30 de abril para que ministros presenten planes de ajuste. Buscan blindar el superávit ante la caída de ingresos tributarios y exigencias del FMI, mientras la deuda con proveedores genera señales de alerta.
Casa Rosada fijó plazo hasta el 30 de abril para que ministros presenten planes de ajuste. Buscan blindar el superávit ante la caída de ingresos tributarios y exigencias del FMI, mientras la deuda con proveedores genera señales de alerta.

El Gobierno Nacional instruyó a su gabinete a profundizar el recorte del gasto público con el objetivo de garantizar el superávit fiscal y cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión, comunicada por el presidente Javier Milei y coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece una reducción adicional del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital para las nueve carteras ministeriales.
La medida surge como respuesta a una coyuntura fiscal compleja: la recaudación tributaria acumuló ocho meses consecutivos de caída. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los ingresos nacionales retrocedieron un 4,5% real en marzo. Ante este escenario, la Casa Rosada busca blindar el resultado positivo de las cuentas públicas, que en el primer bimestre registró un superávit financiero del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los ministros tienen como fecha límite el jueves 30 de abril para presentar sus planes de ahorro. Esta exigencia alcanza a áreas sensibles como Salud y Capital Humano. Pese al optimismo oficial, que califica los recortes como “reducidos”, persisten focos de tensión como la deuda del PAMI con prestadores, estimada en $500.000 millones, y una deuda flotante total que asciende a $3,3 billones.

El ajuste ya muestra un impacto dispar en las partidas presupuestarias. Durante el primer trimestre, los salarios del sector público cayeron un 6,1% en términos reales, mientras que las transferencias a las provincias sufrieron un recorte del 50,9%. En contraste, los subsidios económicos aumentaron un 67% interanual, debido principalmente a la cancelación de deudas previas con el sector energético.
Desde el entorno presidencial, aseguran que la operatividad de los ministerios no se verá afectada. No obstante, la estrategia oficial también busca retomar la iniciativa política en una semana marcada por investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete y por el próximo informe de gestión que este deberá brindar ante la Cámara de Diputados.
La efectividad de esta nueva etapa de la “motosierra” dependerá de la capacidad del Estado para sostener sus funciones básicas con recursos cada vez más magros. En un contexto de recaudación en baja y compromisos crecientes con organismos internacionales, cabe preguntarse: ¿es el recorte del gasto un mecanismo sostenible o un alivio contable de corto plazo para las cuentas públicas?
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