El juez federal pidió a Interpol la alerta roja para Alí Hejazi, exmano derecha del líder supremo de Irán. Se lo acusa de dirigir el comité que planificó el atentado de 1994, mientras avanza la desclasificación de informes secretos.
El juez federal pidió a Interpol la alerta roja para Alí Hejazi, exmano derecha del líder supremo de Irán. Se lo acusa de dirigir el comité que planificó el atentado de 1994, mientras avanza la desclasificación de informes secretos.
El magistrado Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal N° 6, dispuso la captura internacional de Alí Asghar Hejazi. El imputado, identificado como un estrecho colaborador de la cúpula de poder en Teherán, está señalado por su rol logístico en el ataque terrorista que terminó con la vida de 85 personas el 18 de julio de 1994.
La investigación, impulsada por el fiscal Sebastián Basso desde la UFI-AMIA, ubicó a Hejazi como el presunto director del Comité Vijeh. Según los informes judiciales, este organismo estatal iraní funcionó como la oficina de inteligencia encargada de seleccionar el objetivo, recoger la información previa y elaborar la propuesta final para ejecutar la voladura de la mutual judía en Buenos Aires.
Paralelamente, el juez Rafecas resolvió ampliar las imputaciones contra otros ocho ciudadanos iraníes y libaneses, entre los que destacan Ahmad Vahidi y Alí Akbar Velayati.
La justicia argentina aplicó ahora la figura de asociación ilícita. Esta nueva lectura legal sostiene que el grupo Hezbollah fue una estructura creada por Irán con el fin específico de cometer actos terroristas a nivel global, lo que permitiría aplicar penas más severas en un eventual proceso.
Sin embargo, el avance hacia los procesamientos efectivos permanece suspendido. El magistrado rechazó procesar a diez de los acusados hasta que la Cámara Federal de Casación Penal dicte sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia.
Este instrumento legal es la pieza clave que busca el Ministerio Público para destrabar una causa que, por la falta de entrega de los sospechosos por parte de Irán, se encuentra paralizada hace décadas.
En una medida que responde al reclamo de las querellas, Rafecas también ordenó el levantamiento del secreto sobre cuatro informes elaborados por la UFI-AMIA. El juez cuestionó la inacción del Poder Ejecutivo respecto a la desclasificación de archivos de la ex SIDE y solicitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un informe detallado sobre las demoras en la publicidad de estos documentos. El acceso a estos datos es considerado vital por las familias de las víctimas para garantizar la transparencia del proceso.
La reactivación de las alertas rojas y la apertura de archivos secretos devuelven el caso AMIA al centro de la agenda pública. No obstante, la efectividad de estas medidas sigue supeditada a la cooperación internacional y a una definición parlamentaria sobre cómo juzgar a quienes se refugian en la soberanía de otro Estado. ¿Logrará esta nueva ofensiva jurídica romper el ciclo de impunidad que rodea al mayor atentado en la historia del país?
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