El gobierno de José Antonio Kast inició la expulsión masiva de migrantes irregulares con un primer vuelo desde Iquique. La gestión endurecerá los operativos terrestres y aéreos, reactivará zanjas fronterizas y buscará criminalizar por ley el ingreso no autorizado al país.
La administración de José Antonio Kast ha iniciado formalmente la ejecución de su política migratoria con el despegue de la primera aeronave destinada a la repatriación de extranjeros en situación indómita. Durante una jornada en Iquique, 40 ciudadanos provenientes de Colombia, Ecuador y Bolivia fueron trasladados en una unidad de la Fuerza Aérea, marcando el comienzo de una serie de operativos que el Ejecutivo pretende sistematizar. El mandatario, quien asumió el mando en marzo tras una campaña centrada en la seguridad fronteriza, ratificó que este procedimiento será el primero de múltiples traslados que incluirán tanto vía aérea como terrestre para desalojar a quienes ingresaron al país sin la documentación pertinente.
Desde la Subsecretaría del Interior se confirmó que la frecuencia de estos traslados aumentará significativamente, aunque no se revelaron cronogramas específicos para preservar la integridad de los operativos. Esta estrategia busca dar respuesta a una población de migrantes irregulares que supera las 330.000 personas, en su mayoría de origen venezolano, en un contexto donde el nuevo gobierno vincula directamente la migración clandestina con el deterioro de la seguridad pública.
Para complementar las expulsiones, el gobierno de Kast ha reactivado la edificación de barreras físicas en los límites con Perú y Bolivia, además de paralizar los procesos de amnistía o regularización que afectaban a unos 180.000 extranjeros. Según cifras oficiales, la incertidumbre tras el cambio de gestión ha motivado que más de 2.000 venezolanos opten por el retorno voluntario. Dada la ruptura de vínculos diplomáticos con Caracas desde 2024, el Palacio de La Moneda se enfocará en incentivar estas salidas espontáneas ante la dificultad de coordinar vuelos de deportación directa hacia ese país.
En el plano legislativo, el oficialismo se prepara para enviar al Congreso iniciativas que endurezcan las sanciones contra la inmigración ilegal. El paquete de reformas busca tipificar el cruce fronterizo no autorizado como un acto criminal y establecer penas severas para quienes faciliten o promuevan el ingreso irregular de personas al territorio chileno. Estas acciones marcan un quiebre respecto a las cifras de los períodos presidenciales de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, quienes durante sus respectivos mandatos deportaron a un total de 6.668 y 4.544 ciudadanos.
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