Hernán Boveri apeló su procesamiento por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano, alegando falta de pruebas directas y un inventario sin faltantes. Su defensa califica la acusación de arbitraria, basándose solo en rumores y testimonios indirectos.
La defensa técnica de Hernán Boveri presentó un recurso de apelación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, con el objetivo de revertir el procesamiento dictado recientemente. El médico, acusado de administración fraudulenta en perjuicio del Hospital Italiano, sostiene que la resolución judicial carece de evidencias directas y se fundamenta en suposiciones. En el escrito, se solicita el sobreseimiento del profesional o, en su defecto, que se dicte la falta de mérito al considerar que no existen certezas sobre la supuesta sustracción de propofol.
Los abogados del anestesista argumentan que el fallo del juez Javier Sánchez Sarmiento es contradictorio, ya que la propia institución médica informó que no se registraron faltantes en su inventario. Según la presentación, la imputación no logra precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se habrían producido los hechos, obligando al acusado a defenderse de conjeturas en lugar de actos concretos y probados.
Uno de los ejes centrales de la apelación radica en la naturaleza de las declaraciones que sustentan la causa. La defensa afirma que los testimonios son de “oídas”, basados en versiones indirectas y rumores de pasillo, sin que ningún testigo haya presenciado al médico retirando medicación de forma ilícita. Asimismo, consideran que el dictamen fue prematuro, dado que aún restan realizar peritajes informáticos sobre los dispositivos electrónicos incautados que podrían esclarecer la situación.
Por otro lado, el recurso objeta la calificación legal de administración fraudulenta. Los letrados explican que Boveri no cumplía funciones de administrador de bienes del hospital, sino que simplemente accedía a los fármacos para su labor profesional. En esta línea, también impugnaron el embargo de 70 millones de pesos, calificándolo de arbitrario al no haberse acreditado un daño patrimonial real ni un cálculo que justifique tal cifra.
En su descargo por escrito, el anestesista defendió su trayectoria profesional y calificó su carrera como libre de reproches éticos o disciplinarios. Respecto a los insumos encontrados en su vivienda, Boveri aclaró que las jeringas eran utilizadas para el tratamiento médico de su mascota, la cual padece una enfermedad oncológica. El profesional vinculó el inicio de la investigación a “rumores malintencionados” y negó cualquier irregularidad en su conducta dentro del centro asistencial.
Finalmente, el médico se refirió a su relación personal con una colega, señalando que se trató de un vínculo consentido y privado, descartando que existiera cualquier tipo de riesgo o conflicto derivado de esa unión. Mientras la Cámara Nacional de Apelaciones evalúa el recurso, el procesamiento sigue vigente y la investigación continúa su curso para determinar si el caso llega a una instancia de juicio oral.
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