Un recurso extraordinario elevado a la Corte Suprema pone en suspenso el pago inmediato a las universidades nacionales, en el marco de la disputa por la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
Un recurso extraordinario elevado a la Corte Suprema pone en suspenso el pago inmediato a las universidades nacionales, en el marco de la disputa por la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
La administración nacional formalizó su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar el cumplimiento de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. El recurso extraordinario federal, firmado por el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, busca revocar la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios docentes y becas estudiantiles de forma inmediata.
El Ejecutivo argumentó que la aplicación de la norma generaría un “colapso financiero“. Según el Ministerio de Capital Humano, cumplir con el fallo judicial requeriría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios. En el escrito, el Gobierno advirtió que esto derivaría en la suspensión de servicios esenciales, como el patrullaje de fuerzas federales y la provisión de alimentos en cárceles.
La estrategia oficial también incluyó un cuestionamiento a la imparcialidad del tribunal. El Gobierno solicitó que los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir, debido a su condición de docentes universitarios. En su lugar, pidió la conformación de un tribunal con conjueces para garantizar la objetividad del fallo.
Desde el ámbito judicial, la Sala III de la Cámara Federal había desestimado previamente los argumentos oficiales. Los camaristas sostuvieron que el Gobierno no puede suspender una ley posterior apoyándose en normas de responsabilidad financiera anteriores.
Pese a la apelación, fuentes de la Casa Rosada reconocieron que la obligación de transferir 2,5 billones de pesos ya se encuentra vigente, dado que el recurso no tiene efecto suspensivo automático.
El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte tensión social. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reportó una caída real del 45,6% en las transferencias entre 2023 y 2026. Ante la falta de pagos, sectores académicos ya analizan la convocatoria a una nueva movilización masiva, similar a la ocurrida en abril de 2024.
La resolución definitiva queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si acepta el caso como una cuestión de gravedad institucional o si mantiene la obligatoriedad del desembolso. ¿Logrará el Ejecutivo sostener el equilibrio fiscal frente a una ley ratificada por el Congreso y avalada por la Justicia?
Lanzaron un programa provincial para reducir estímulos sensoriales en supermercados y autoservicios cordobeses. La iniciativa, coordinada con el sector privado y organizaciones civiles, busca garantizar entornos más accesibles para personas con Trastorno del Espectro Autista.
Trabajadores de ATE lanzaron una medida de fuerza para el 21 de abril tras el fracaso paritario. El reclamo salarial incluye una movilización a Aeroparque al mediodía y afectará las tareas de fiscalización en los aeropuertos del país.
El “Rojo” quiere afianzarse entre los ocho primeros de la Zona A del Torneo Apertura.
Gestión entre CONICET y Universidad Nacional de San Luis permitió el traslado de equipamiento especializado desde Estados Unidos. Los sistemas de ultra alto vacío potenciarán investigaciones en materiales, industria mecánica y biomedicina local.
El juez federal, Ariel Lijo, ordenó citar a indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti y al empresario Hugo Sigman, entre otros, por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 en 2020. La medida responde a un pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien detectó posibles conflictos de intereses durante la pandemia.
Santiago Bausili, presidente de la autoridad monetaria, confirmó la compra de 6.016 millones de dólares desde enero. Pese al incremento de reservas, la morosidad en créditos a familias alcanzó su nivel más alto en dos décadas.
La muerte de un alumno de 13 años en Santa Fe detonó un efecto contagio con 600 denuncias en San Isidro y múltiples detenciones en el país. El sistema judicial y las escuelas operan al límite ante la crisis de salud mental juvenil.
El fiscal, Sandro Abraldes, solicitó reanudar el proceso contra el músico por el homicidio de Cristian Díaz. Argumentó que su reciente actividad sobre los escenarios demuestra una capacidad cognitiva suficiente para enfrentar el tribunal, pese a los reclamos de su defensa.
