La defensa de Ariel García Furfaro pidió anular la pericia clave del fentanilo contaminado que causó 90 muertes. Argumentó faltas procesales, anomalías en la bioseguridad del laboratorio privado y la quiebra de la cadena de custodia de las muestras.
La defensa de Ariel García Furfaro pidió anular la pericia clave del fentanilo contaminado que causó 90 muertes. Argumentó faltas procesales, anomalías en la bioseguridad del laboratorio privado y la quiebra de la cadena de custodia de las muestras.
El caso por la tragedia sanitaria más grave de los últimos tiempos sumó un capítulo de altísima tensión en los tribunales federales. En un escrito presentado de manera reciente, la representación legal de Ariel García Furfaro —dueño de la firma HLB Pharma y Laboratorios Ramallo— solicitó formalmente tumbar de raíz el informe pericial que sirve como sostén central para la acusación en su contra. Según reveló un informe publicado por el portal Infobae, el abogado defensor Gastón Marano atacó el ensayo de esterilidad coordinado entre la ANMAT, el INAME y la firma privada Gobbi Novag S.A., argumentando que se cometieron severas falencias procesales y metodológicas que invalidan por completo los hallazgos científicos que vinculan a su cliente con las 90 muertes judicialmente confirmadas por la aplicación de lotes contaminados del anestésico.
La estrategia de la defensa apunta contra el análisis microbiológico realizado sobre las denominadas muestras de museo, aquellas ampollas que la planta farmacéutica debe resguardar obligatoriamente como testigo de producción. Sobre esos lotes se apoyó el juez Ernesto Kreplak para establecer una coincidencia de ADN bacteriano entre los frascos del medicamento y las infecciones letales padecidas por los pacientes internados, un patrón que derivó en la prisión preventiva del empresario bajo cargos de adulteración peligrosa de sustancias medicinales. Sin embargo, la defensa asegura que este estudio se concretó a espaldas de los imputados, sin dar la notificación correspondiente a las partes ni permitir el control de peritos de lista, vulnerando de manera directa el derecho de defensa garantizado por el Código Procesal.
El planteo defensivo despliega un abanico de objeciones técnicas respaldadas por informes bioquímicos particulares que buscan desacreditar de plano el dictamen del expediente. Uno de los puntos más polémicos se centra en la elección del laboratorio privado encargado de manipular el material probatorio, denunciando que las muestras terminaron en manos de empleados de una firma competidora directa del grupo investigado, supervisados por funcionarios de un organismo estatal cuyas propias autoridades terminaron procesadas en la misma causa por presuntas omisiones en sus deberes de fiscalización.
A esta supuesta falta de imparcialidad se le agregan duras inconsistencias detectadas en la bioseguridad del procedimiento. Los informes internos revelaron que las instalaciones donde se procesó el medicamento registraban microbios en 15 áreas críticas, incluyendo la mesada de trabajo y los guantes de los propios técnicos. A su vez, la defensa remarcó la inexistencia de planillas que registren la cadena de custodia paso a paso de las ampollas, sumado a que el material probatorio fue transportado en recipientes reutilizados de una firma comercializadora de los mismos gérmenes hallados en el peritaje.
Mientras el juzgado de la causa analiza los pedidos de nulidad formulados por la defensa, la situación de la cúpula empresarial sigue siendo sumamente comprometida. La causa no solo contempla el lamentable fallecimiento de noventa personas en diversos hospitales del país, sino que contabiliza a más de cuarenta sobrevivientes que quedaron con secuelas de gravedad irreparable tras la administración de las partidas adulteradas elaboradas a finales de 2024. Además del dueño principal de la firma, el expediente acumula más de una docena de procesados entre directores técnicos, responsables de calidad e integrantes del grupo familiar de los propietarios.
Por el momento, los recursos presentados contra la ampliación de los procesamientos y los embargos multimillonarios sobre los bienes de los acusados descansan en los despachos de la Cámara Federal de La Plata. Mientras las querellas que representan a las víctimas sostienen que la identidad genética de la bacteria fue ratificada de manera independiente por el Instituto Malbrán, la defensa de García Furfaro dejó planteada la reserva del caso federal, anticipando que llevará el reclamo hasta las máximas instancias internacionales si la investigación sigue adelante apoyada en la pericia cuestionada.
El gobernador Sergio Ziliotto envió un proyecto a la Legislatura pampeana para limitar la venta de tierras rurales a extranjeros al 15%. La medida prohíbe enajenar recursos naturales estratégicos ante la falta de regulación nacional por el DNU.
El Pentágono transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, autor de la matanza de 13 soldados en Fort Hood en 2009. Será la primera ejecución militar de este tipo en Estados Unidos desde 1945.
Un aluvión de barro y piedras golpeó a Las Condes en Santiago de Chile tras lluvias torrenciales. La saturación de los suelos, colectores obstruidos por basura y la erosión por incendios veraniegos provocaron el desastre en la precordillera.
El argentino no pudo sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Azerbaiyán y Malasia.
La defensa de Ariel García Furfaro pidió anular la pericia clave del fentanilo contaminado que causó 90 muertes. Argumentó faltas procesales, anomalías en la bioseguridad del laboratorio privado y la quiebra de la cadena de custodia de las muestras.
La abogada sudafricana Navi Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026. La Academia noruega destacó su histórica trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la persecución de crímenes internacionales.
Tras cuatro meses de investigación en Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización que ingresaba drogas a la cárcel de Bouwer con drones. El operativo dejó siete detenidos y más de 7.300 dosis de estupefacientes secuestradas.
El Parlamento italiano aprobó la norma que otorga la mayoría absoluta a la coalición que supere el 42% de los votos. La medida, impulsada por Giorgia Meloni para garantizar la gobernabilidad, desató fuertes críticas de la oposición.
