Mientras la causa avanza en Comodoro Py, Adorni optó por una estrategia de confrontación digital, utilizando sus redes sociales para publicar memes y bromear sobre las denuncias. “Adorni no habría incluido una bicicleta de 200.000 en su declaración. País paralizado”, posteó con sarcasmo el funcionario, intentando minimizar el escándalo que lo tiene como principal protagonista judicial.
Operación bajo sospecha: Una inmobiliaria declara hoy sobre la venta de un departamento en la calle Miró, adquirido por dos jubiladas que lo traspasaron a Adorni solo tres meses después.
Hipoteca inusual: El miércoles declara un nexo clave para explicar por qué las jubiladas le otorgaron al funcionario un crédito privado de 200.000 dólares.
Reformas de lujo: El fiscal citó al constructor de su casa en el country Indio Cuá para que entregue facturas y chats de WhatsApp sobre el financiamiento de las obras.
La lupa sobre el departamento de la calle Miró
La declaración de los responsables de la Inmobiliaria Rucci es considerada fundamental para determinar el valor real de mercado al momento de la transacción. La fiscalía sospecha de una maniobra de triangulación, ya que las vendedoras originales aseguraron no conocer al funcionario, pero terminaron financiando su vivienda con un “cómodo plan de pagos” a través de un tercero identificado como Pablo Feijoo.
El juez busca descifrar la transparencia de la hipoteca privada, una figura poco frecuente para montos tan elevados entre desconocidos. La escribana del caso ya aportó datos que vinculan a Feijoo como el facilitador de la operación, lo que pone en duda la procedencia de los fondos utilizados por Adorni para cancelar o garantizar dicha deuda.
El country Indio Cuá y los gastos de su esposa
Otro frente de conflicto es la casona en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. El constructor Matías Tabar deberá declarar el viernes 24 de abril y presentar toda la documentación sobre las reformas del lote 380. La fiscalía detectó que el pago de la cuota de ingreso de 5.000 dólares y las expensas mensuales (estimadas en 700.000 pesos) figuran a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
La Justicia busca contrastar estos gastos y la inversión en refacciones con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. El objetivo es determinar si existe una brecha injustificable entre el nivel de vida del jefe de Gabinete y sus haberes como funcionario público, en una causa que promete nuevas imputaciones tras el cierre de esta ronda de testimonios el próximo lunes.