Bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el oficialismo envió al Senado un proyecto que endurece los requisitos para acceder a la ayuda estatal. La iniciativa elimina la compatibilidad con el trabajo formal, suprime el nomenclador de prestaciones y desregula la negociación con obras sociales y prepagas.
En un contexto de alta sensibilidad social y tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno de Javier Milei presentó una reforma integral al sistema de discapacidad. El proyecto busca derogar los pilares de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793), retrotrayendo el modelo a criterios de “invalidez laboral” y estableciendo controles estrictos para combatir presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones.
Reempadronamiento: Todos los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica y socioeconómica. La falta de cumplimiento derivará en la baja automática.
Trabajo formal: Se establece la incompatibilidad absoluta. Si una persona con discapacidad consigue empleo registrado, pierde la pensión.
Monto: La pensión se fija en el 70% del haber mínimo, pero se eliminan los adicionales por zona desfavorable e invalidez laboral.
Prestaciones: Se suprime el nomenclador nacional, lo que desregula los aranceles y deja la negociación en manos de cada obra social o prepaga.
Uno de los puntos que genera mayor alarma en las organizaciones de familiares y prestadores es la eliminación del nomenclador de aranceles homogéneos. Hasta ahora, este garantizaba un piso mínimo de calidad y pago para los servicios terapéuticos y de transporte. Con el nuevo texto, la Nación delega la administración de fondos a las provincias y permite que cada sistema de salud negocie sus propias tarifas, lo que podría derivar en una fuerte fragmentación de la calidad de atención según la cobertura.
En cuanto a la actualización de valores, el proyecto propone un ajuste trimestral atado al IPC solo en caso de demoras, eliminando la actualización automática que regía anteriormente para las pensiones no contributivas.
La decisión de enviar el proyecto por el Senado responde a un cálculo político de la Casa Rosada, que considera más factible alcanzar una mayoría allí que en la Cámara de Diputados. Sin embargo, se prevé una fuerte resistencia de los bloques dialoguistas que en 2025 votaron a favor de la Ley de Emergencia, hoy incumplida por el Ejecutivo.
“El proyecto retoma la definición material de la prestación y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad”, reza el texto oficial, argumentando que la normativa vigente había ampliado el universo de beneficiarios de forma “insostenible” para el fisco.
La reforma también golpea a las empresas que contrataban personas con discapacidad, ya que elimina los incisos que hacían referencia a los programas de inclusión y reconocimiento corporativo. De esta manera, el sistema deja de incentivar la inserción laboral privada, obligando a los beneficiarios a elegir entre la precaria estabilidad de una pensión mínima o la incertidumbre de un mercado laboral sin protecciones específicas.
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Bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el oficialismo envió al Senado un proyecto que endurece los requisitos para acceder a la ayuda estatal. La iniciativa elimina la compatibilidad con el trabajo formal, suprime el nomenclador de prestaciones y desregula la negociación con obras sociales y prepagas.
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