La propiedad, ubicada en la calle 48 entre 6 y 7, es un inmueble de 98 metros cuadrados que Adorni declaró haber recibido como donación en 2016. Esta decisión de desprenderse de activos se da en un contexto de fuerte presión judicial, donde el fiscal Gerardo Pollicita analiza cómo el vocero presidencial logró adquirir un semipiso en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz de forma simultánea.
Precio de salida: El departamento se ofrece por 95.000 dólares.
Vencimientos urgentes: Adorni debe cancelar 270.000 dólares antes de fines de noviembre a cuatro acreedoras privadas.
Patrimonio bajo la lupa: La justicia investiga la compra del departamento en Caballito, donde pagó solo 30.000 dólares de anticipo por una unidad valuada en más de 300.000.
El “amigo desarrollador” y las deudas con jubiladas
La investigación de Comodoro Py pone el foco en Pablo Martín Feijoo, un empresario de desarrollos urbanos y amigo personal de Adorni. Según los testimonios recolectados, Feijoo habría oficiado de nexo para que dos jubiladas —una de ellas su madre— le vendieran al jefe de Gabinete un departamento en la calle Miró con una financiación de 200.000 dólares a pagar en un año y sin intereses, una condición calificada como “inusual” por los investigadores.
Este lunes, los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación original confirmaron ante el fiscal que la propiedad fue remodelada íntegramente antes de que Adorni tomara posesión. La fiscalía intenta determinar si el costo de esas obras y el precio final de la transacción se condicen con la capacidad económica declarada por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
Secretos levantados y sospechas sobre la escribana
El juez federal Ariel Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todo el entorno de Adorni, incluyendo a las seis mujeres identificadas como prestamistas. La justicia busca reconstruir el circuito del dinero, especialmente tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien admitió conocer al funcionario desde hace 25 años y haber facilitado los préstamos hipotecarios.
Un punto de conflicto en la causa es la reticencia de la escribana a entregar su teléfono celular, alegando olvidos ante el juzgado. Los investigadores consideran que los chats y registros de llamadas son la prueba clave para confirmar si existió una maniobra de prestanombres o si el patrimonio de Adorni creció de forma injustificada durante su primer año en la gestión pública.