Amnistía Internacional denunció que el aparato represivo en Venezuela persiste pese a la caída de Maduro. La organización sostiene que la ley de amnistía de Delcy Rodríguez se aplica discrecionalmente, manteniendo a cientos de presos políticos y centros de detención activos.
A pesar del cambio de mando y la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas norteamericanas a principios de año, la estructura de coacción estatal en Venezuela permanece intacta. Así lo manifestó Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, durante la exposición de su balance global en Bogotá. Según la organización, el relevo en el poder no ha traído consigo una reforma estructural que garantice el fin de las tácticas de persecución utilizadas durante la gestión anterior, manteniendo a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad institucional.
Aunque la administración provisional, liderada por Delcy Rodríguez bajo la supervisión de Washington, ha promovido una ley de amnistía, los defensores de derechos humanos sostienen que no existe una voluntad real de desarticular el sistema de castigo político. La ONG recalca que, más allá de gestos simbólicos, las herramientas de vigilancia y represión siguen operativas bajo nuevas directrices.
Desde que Maduro fuera trasladado a una prisión en Nueva York el pasado 3 de enero, aproximadamente 700 individuos han recuperado su libertad. No obstante, las cifras del Foro Penal contrastan con el optimismo oficial, señalando que todavía permanecen encarcelados cerca de 500 prisioneros por motivos ideológicos. La crítica de Amnistía Internacional se centra en la naturaleza de la ley promulgada en febrero: al no ser un beneficio de ejecución automática, su aplicación queda supeditada al criterio de los tribunales.
Esta metodología permite, según Ballesta, una gestión discrecional de las liberaciones, donde el Ejecutivo interino decide quiénes acceden al perdón y quiénes deben continuar en prisión. Lejos de representar un “acto de grandeza”, como lo ha calificado Rodríguez, la organización percibe que se sigue utilizando la justicia como un filtro político para mantener el control sobre sectores específicos de la sociedad.
Uno de los anuncios más mediáticos de la presidencia encargada fue la clausura definitiva del Helicoide, centro de detención emblemático por las denuncias de tortura. Sin embargo, los reportes actuales indican que el recinto sigue en funcionamiento, contradiciendo el discurso de reconciliación nacional esgrimido por el nuevo gabinete. AI observa con preocupación que los recientes movimientos de piezas en el ministerio y las fuerzas de seguridad parecen buscar una consolidación de la autoridad más que una apertura democrática.
El informe anual de la entidad subraya que lo que ocurre en Venezuela se enmarca en una crisis global de protección a las libertades individuales. Durante el último año y lo que va de 2026, el organismo ha documentado un retroceso sistemático en los estándares de derechos humanos a nivel mundial, denunciando que los mecanismos internacionales de salvaguarda están sufriendo embates constantes que debilitan su capacidad de respuesta ante regímenes en transición.
La salida de Abu Dabi, efectiva desde el 1 de mayo, debilita el control de precios del bloque y representa una victoria política para la Casa Blanca.
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Fin a los aranceles fijos y menos costos de compraventa. El ministro adelantó un paquete de leyes para limitar el poder de los colegios profesionales, potenciar el crédito hipotecario y eliminar los “costos ocultos” de la construcción.
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