La Cámara Federal porteña ratificó la acusación contra el exministro y su esposa, Alessandra Minnicelli. La Justicia investiga un incremento patrimonial no justificado de 690.000 dólares, vinculado a un departamento de lujo y dinero en efectivo oculto.
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido, por el delito de enriquecimiento ilícito. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens validaron la investigación que señala un crecimiento patrimonial injustificado durante su gestión pública entre 2003 y 2015.
El tribunal de apelaciones consideró probado que el exfuncionario aumentó sus bienes de manera apreciable sin contar con ingresos legítimos que respaldaran dichas operaciones.
La resolución también alcanzó a su esposa, Alessandra Minnicelli, señalada como partícipe necesaria en las maniobras de ocultamiento de fondos. El embargo conjunto dictado por la justicia asciende a los 998 millones de pesos.
La pesquisa, impulsada originalmente por el fiscal Carlos Stornelli, se centró en dos ejes principales. El primero es la adquisición de un departamento de lujo ubicado en la Avenida del Libertador.
Según el fallo, el inmueble fue obtenido mediante sociedades pantalla y presuntos testaferros para ocultar la verdadera propiedad del matrimonio. El valor de la unidad se estima entre los US$ 600.000 y US$ 730.000.
El segundo eje involucra la existencia de dinero en efectivo no declarado. La justicia detectó US$ 90.000 ocultos en una caja de seguridad en Río Gallegos, a nombre de Minnicelli. Para los camaristas, estas acciones formaron parte de una estructura de simulación para integrar fondos de origen desconocido al patrimonio familiar.
Julio De Vido permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Actualmente cumple una condena firme por la tragedia ferroviaria de Once y cuenta con otras sentencias por fraude en la compra de trenes a España y Portugal. Su situación se complica con el avance de esta causa, que queda ahora a las puertas de un juicio oral y público.
En la misma resolución, los magistrados dictaron la falta de mérito para Raquel Irene Flanzbaum. Los jueces determinaron que su participación como accionista minoritaria no permite acreditar que conociera el origen ilícito de los fondos.
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