Mediante una orden del Departamento de Justicia, Estados Unidos trasladó el cannabis medicinal a la Lista III de sustancias controladas. La medida otorga beneficios fiscales e impulsa la investigación científica, aunque mantiene la prohibición del consumo recreativo federal.
El gobierno de Estados Unidos reclasificó el jueves la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa. El fiscal general interino, Todd Blanche, firmó la orden que traslada esta sustancia de la Lista I —donde compartía categoría con la heroína— a la Lista III. Este nuevo grupo incluye medicamentos con usos médicos aceptados, como los esteroides anabólicos y la ketamina.
Blanche explicó que la decisión cumple una promesa del presidente Donald Trump para ampliar el acceso a tratamientos médicos. Según el funcionario, la medida permitirá investigar con mayor precisión la seguridad y eficacia del cannabis. Esto beneficiará directamente a médicos y pacientes al proporcionar información más fiable sobre el uso terapéutico de la planta.
La decisión modifica el panorama financiero para los operadores autorizados en los 40 estados que cuentan con programas medicinales. Por primera vez, estas empresas podrán deducir gastos comerciales en sus impuestos federales, una carga tributaria que limitaba su crecimiento. Tras el anuncio, las acciones de compañías como Canopy Growth y Tilray Brands registraron incrementos de entre el 6 % y el 13 % en la bolsa.
En el ámbito científico, el cambio elimina barreras críticas. Los investigadores ya no enfrentarán sanciones federales por obtener productos de cannabis con licencia estatal para sus estudios. El Departamento de Justicia también anunció una audiencia acelerada para finales de junio, donde se considerará una reclasificación más amplia de la sustancia.
Pese al avance normativo, la marihuana continúa siendo una sustancia controlada a nivel federal. La orden de Blanche se limita exclusivamente a los productos medicinales aprobados por la FDA o con licencia estatal. Aquellos productos distribuidos fuera de estos programas oficiales seguirán clasificados en la Lista I, manteniendo el riesgo de sanciones penales por posesión o venta.
La administración utilizó una disposición legal que permite al fiscal general determinar la clasificación de fármacos basándose en tratados internacionales. Este método eludió el proceso de revisión administrativa que inició la gestión de Joe Biden en 2024, el cual recibió casi 43.000 comentarios públicos pero no llegó a finalizarse.
La medida generó reacciones divididas en el espectro político y civil. Mientras sectores industriales celebran la legitimación de los programas estatales, opositores como Kevin Sabet, director de Smart Approaches to Marijuana, criticaron la decisión. Sabet calificó a la actual administración como la más favorable a las drogas en la historia y señaló que los intereses económicos están dictando las políticas de salud.
Por otro lado, más de veinte senadores republicanos expresaron anteriormente su rechazo a cualquier flexibilización de las normas sobre el cannabis. Esta apertura ocurre en un contexto donde el gobierno mantiene una postura de máxima rigurosidad contra otras sustancias. El presidente Trump declaró recientemente al fentanilo como un arma de destrucción masiva y ordenó operativos militares contra redes de narcotráfico internacional.
¿Logrará esta reclasificación unificar los criterios legales entre los estados y la federación, o profundizará la confusión jurídica en un país donde solo dos estados prohíben totalmente la planta?
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