El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió un fallo definitivo a favor del Estado colombiano en el litigio internacional por la patente del dolutegravir. La sentencia, fechada el 27 de abril de 2026, rechazó las demandas de las farmacéuticas ViiV Healthcare (Reino Unido) y Shionogi (Japón), quienes calificaban de ilegal la licencia obligatoria impuesta por el Ministerio de Salud en 2024.
La disputa comenzó en octubre de 2023, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el medicamento de “interés público” para abaratar su costo. Al no lograr un acuerdo con los titulares de la patente, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó una licencia que autoriza la importación y fabricación de versiones genéricas a gran escala.
Según el tribunal regional, Colombia no vulneró la normativa andina de propiedad industrial, pues el acceso a tratamientos para el VIH justifica plenamente la excepcionalidad de la medida.
El impacto económico del fallo es notable para las finanzas estatales. Datos de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos indican que el frasco de 30 tabletas de 50 mg redujo su valor de 95 dólares a poco más de cuatro dólares.
No obstante, el presidente Petro afirmó en sus canales oficiales que el ahorro fue mayor, situando el costo final en siete dólares frente a un precio previo de 200 dólares.
Esta reducción del 90% beneficia exclusivamente a los usuarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y redes públicas; en farmacias comerciales, el precio del medicamento original se mantiene en los rangos anteriores.