Caracas reafirmó su potestad absoluta sobre el Esequibo ante La Haya

Venezuela ratificó ante la Corte de La Haya su soberanía absoluta sobre el Esequibo. El gobierno de Maduro rechaza los límites coloniales británicos de 1899 y exige una solución negociada basada en el acuerdo de 1966 para recuperar el territorio.

Delcy Rodríguez negocia y teje
Delcy Rodríguez. Foto: @delcyrodriguezv

La administración venezolana, representada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ratificó el domingo que su nación posee la propiedad legítima y única de la región del Esequibo. Desde los Países Bajos, donde se presentará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la funcionaria sostuvo que no existen dudas sobre los derechos ancestrales que asisten a su país en esta controversia histórica. Mediante una intervención difundida por la señal estatal VTV, Rodríguez subrayó que su presencia en suelo europeo tiene como misión fundamental salvaguardar el patrimonio territorial frente a las pretensiones de Guyana, país con el que mantiene una disputa que se ha tornado crítica tras el hallazgo de importantes depósitos de hidrocarburos.

El conflicto, originado en el siglo XIX, cobró un nuevo impulso estratégico en 2015 a partir de los descubrimientos petroleros de la firma ExxonMobil, que posicionaron a Georgetown como un actor energético de relevancia global por sus reservas per cápita. Mientras que la excolonia británica apela a la validez de un laudo arbitral de 1899 dictado en París para que la ONU confirme sus límites actuales, el Ejecutivo venezolano rechaza aquella resolución por considerarla un fraude procesal. Para el Palacio de Miraflores, la solución debe basarse estrictamente en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado con el Reino Unido poco antes de la emancipación guayanesa.

La estrategia jurídica de Venezuela insiste en que las fronteras naturales deben respetar la demarcación de la época colonial española de 1777, situando la línea divisoria en el cauce del río Esequibo. Rodríguez enfatizó que el pacto de mediados del siglo XX se diseñó precisamente para resolver de manera negociada una herencia territorial que consideran injustamente arrebatada. De este modo, Caracas busca desconocer la jurisdicción definitiva de la CIJ sobre el trazado fronterizo, apostando por una salida diplomática que reconozca lo que definen como una titularidad histórica inalienable sobre la zona en litigio.

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