Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo oficializó una quita de 2,5 billones de pesos que paraliza obras y programas de alfabetización. La medida se conoció en la previa de la marcha federal universitaria de este martes.
Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo oficializó una quita de 2,5 billones de pesos que paraliza obras y programas de alfabetización. La medida se conoció en la previa de la marcha federal universitaria de este martes.
Mediante una normativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la administración nacional modificó el Presupuesto 2026. Esta decisión técnica, que representa aproximadamente el 1,6 por ciento del gasto total, buscó consolidar el superávit primario comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La readecuación de partidas no funcionó de manera lineal. Mientras se registraron recortes significativos en diversas áreas, el Estado incrementó en 500.000 millones de pesos el límite para el pago de sentencias judiciales previsionales.
Asimismo, destinó 162.000 millones de pesos para financiar un plan de retiros voluntarios en la ANSES y reforzó con 137.000 millones de pesos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La Secretaría de Educación percibió una reducción de presupuesto de 78.768 millones de pesos. El principal programa afectado resultó el Plan Nacional de Alfabetización, el cual perdió transferencias hacia las provincias.
Por otra parte, el Gobierno eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, una herramienta que hasta el momento permitía equiparar los haberes mínimos en las jurisdicciones con menores recursos.
En cuanto a la infraestructura, el recorte alcanzó los 21.686 millones de pesos en establecimientos escolares y 5.303 millones de pesos específicos para obras en universidades nacionales. Esta última medida paralizó proyectos en trece casas de estudio, entre las que se encontraron las universidades de La Plata, Avellaneda, San Martín, Entre Ríos y Río Cuarto.
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La oficialización de estos datos ocurrió un día antes de la marcha federal universitaria. Desde el Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario Alejandro Álvarez defendieron la gestión de los recursos.
Los funcionarios señalaron que el objetivo central es aumentar la transparencia y eficiencia del gasto mediante auditorías, tras detectar irregularidades en la relación entre el personal jerárquico y la cantidad de alumnos.
Las autoridades de la cartera educativa confirmaron que trabajarán en la creación de una comisión de hospitales universitarios para administrar los fondos de salud de forma directa.
Según la postura oficial, la Ley de Financiamiento Universitario vigente compromete la estabilidad de las cuentas públicas, por lo que el Gobierno ratificó que mantendrá el rumbo de su política económica a pesar de las movilizaciones previstas.
La tijera presupuestaria se extendió a otros sectores. Las Obligaciones del Tesoro Nacional sufrieron una baja de 1,47 billones de pesos en asistencias financieras, vinculada a la reducción de subsidios energéticos.
Asimismo, el Ministerio de Salud registró una quita de 63.021 millones de pesos en programas destinados a la prevención y tratamiento del cáncer, mientras que el área de Deportes perdió 320.671 millones de pesos destinados a infraestructura.
El cierre de este ajuste presupuestario plantea interrogantes sobre la viabilidad operativa de los programas sociales y educativos a largo plazo. Si la prioridad estatal se trasladó hacia el cumplimiento de deudas judiciales y fiscales, ¿en qué medida podrán las instituciones autónomas sostener su nivel de actividad sin las transferencias de capital que fueron suspendidas?
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