Allanamiento policial en los límites de Monte Castro rescató a 18 personas sometidas a la modalidad de trabajo ininterrumpido. El establecimiento de la calle Bahía Blanca poseía una clausura previa y la justicia federal investiga a dos imputados.
Allanamiento policial en los límites de Monte Castro rescató a 18 personas sometidas a la modalidad de trabajo ininterrumpido. El establecimiento de la calle Bahía Blanca poseía una clausura previa y la justicia federal investiga a dos imputados.
Personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad allanó este miércoles una vivienda ubicada en la calle Bahía Blanca al 2242, en su intersección con la calle Arregui.
En el operativo, coordinado con agencias gubernamentales, las autoridades rescataron a once adultos y siete menores de edad de nacionalidad extranjera, quienes trabajaban y habitaban en el lugar bajo condiciones de encierro y vulneración de derechos básicos.
La orden judicial fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el juez Ariel Lijo, ante la Secretaría 21 de la doctora Carolina Lores Arnaiz, en el marco de las sanciones previstas por la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.
De acuerdo con las investigaciones preliminares iniciadas a principio de año a través de denuncias recibidas en las líneas 911 y 145, el recinto funcionaba sin habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los damnificados subsistían en un régimen de privación de la libertad ambulatoria, en ambientes sin ventilación ni luz natural.
Las autoridades policiales constataron que en el inmueble se implementaba el método laboral conocido como “camas calientes”. Esta práctica consiste en la utilización continua de las plazas de descanso por turnos rotativos de operarios, de manera que las habitaciones se ocupan de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día en paralelo con el desarrollo de la actividad textil.
El comisario Pedro Salvarezza confirmó que la finca presentaba una faja de clausura previa en la entrada de los vehículos, la cual fue vulnerada para continuar con las tareas de confección.
Durante el procedimiento de la fecha, los agentes identificaron a un hombre y una mujer como presuntos responsables de la explotación laboral, quienes quedaron imputados y a disposición de los magistrados intervinientes.
En el lugar trabajó de forma conjunta la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección Nacional de Migraciones y la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, junto con profesionales del Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad para brindar contención psicológica y logística a los damnificados.
Este procedimiento se sumó a las acciones regulatorias de talleres textiles clandestinos en el ámbito porteño, tras la reciente clausura de otro establecimiento en la calle Barzana al 1200, en el barrio de Parque Chas, donde la justicia intervino por riesgo edilicio y explotación laboral de menores.
Las actuaciones actuales continuarán bajo secreto de sumario para determinar el alcance de las redes de distribución de la mercadería incautada. ¿Qué fallas en los sistemas de inspección comunal permiten la reapertura sistemática de talleres textiles que ya ostentan fajas de clausura efectivas?
La justicia federal peritará el celular de Jésica Cirio para constatar el origen de un video con millones de dólares, coordinando inspecciones en San Vicente y Palermo. Paralelamente, la defensa de Martín Insaurralde solicitó anular la filmación alegando un presunto hackeo.
El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo reservado para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detecte de forma temprana la trata de personas. La normativa moderniza las pautas de acción ante delitos transnacionales y prioriza el resguardo de las víctimas.
El Gobierno argentino autorizó a Avianca a operar nuevas rutas regulares de pasajeros y carga entre Buenos Aires y las ciudades colombianas de Cali y Cartagena. La medida busca potenciar el turismo regional y optimizar la logística comercial bilateral.
Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, acusados por el femicidio y encubrimiento de Agostina Vega, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Cruz del Eje. La justicia cordobesa ordenó la medida por razones de vigilancia permanente tras dictarles prisión preventiva.
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Haití, advirtió sobre la existencia de un millón y medio de desplazados y 1.600 homicidios trimestrales. Las pandillas dominan gran parte de la capital, superando en número a las fuerzas estatales y reclutando menores.
El Banco Central flexibilizó el acceso a créditos en dólares para empresas del mercado interno y desarrolladores inmobiliarios, siempre que cuenten con avales exportadores. Aunque el Gobierno busca reactivar la economía y propone crear fondos sectoriales, los bancos actúan con cautela.
El sector atómico denunció una crisis presupuestaria y salarial en la CNEA que paralizó proyectos clave como el CAREM y provocó la fuga de científicos. El Gobierno impulsa privatizaciones y la exportación, nombrando a jóvenes militantes con sueldos millonarios.
La merma en la liquidación de divisas de la agroindustria frenó la acumulación de reservas del Banco Central y presionó al mercado cambiario. Pese a la retención de cosechas, analistas estiman que el Gobierno cumplirá las metas con financiamiento internacional.
