El sector atómico denunció una crisis presupuestaria y salarial en la CNEA que paralizó proyectos clave como el CAREM y provocó la fuga de científicos. El Gobierno impulsa privatizaciones y la exportación, nombrando a jóvenes militantes con sueldos millonarios.
La estrategia del Poder Ejecutivo para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales e incentivos cambiarios ha comenzado a moldear el futuro de la infraestructura energética, destacándose el anuncio de un consorcio privado para edificar un reactor modular en la zona de Atucha utilizando desarrollos de diseño local. No obstante, este giro hacia la participación corporativa internacional ha encendido alarmas dentro de la comunidad científica tradicional, donde se advierte sobre los riesgos de propiciar desarrollos orientados de forma exclusiva al mercado exterior o supeditados a dinámicas de especulación financiera. Referentes del sector cuestionan que los planes de desarrollo territorial en la Patagonia, inicialmente presentados por asesores de la administración central como polos de vanguardia para abastecer nuevas tecnologías, permanezcan en fases preliminares mientras las estructuras públicas consolidadas sufren un marcado deterioro.
Informes del ámbito de la investigación revelan una drástica contracción en términos reales de los fondos asignados a la Comisión Nacional de Energía Atómica en comparación con los ejercicios fiscales precedentes, lo que derivó en reducciones severas de la masa salarial, despidos de personal de planta y episodios de tensión en las instalaciones oficiales. Esta situación de asfixia financiera provocó la suspensión por tiempo indeterminado de la obra civil del CAREM, un prototipo de generación eléctrica de diseño propio que ya superaba la mitad de su ejecución, así como la decisión gubernamental de transferir a manos privadas la operatividad del reactor RA-10 y la finalización del Centro Argentino de Protonterapia. Especialistas en física y desarrollo de aceleradores alertan que este escenario induce un preocupante éxodo de profesionales altamente calificados, debilitando un ecosistema de conocimiento que requirió décadas de inversión pública y que posicionó al país como un referente estratégico regional frente a las principales potencias globales.
La nueva línea trazada por la Secretaría de Asuntos Nucleares estipula que el financiamiento estatal se restringirá únicamente a iniciativas con potencial exportador inmediato, promoviendo en paralelo la transferencia de paquetes accionarios de empresas estatales generadoras de energía —como la firma encargada de la operación de las centrales nucleares— hacia el sector privado. Esta reconversión institucional coincide con fuertes controversias internas respecto a la política de recursos humanos del oficialismo; el ámbito de investigadores denuncia una marcada disparidad salarial, donde científicos de alta trayectoria perciben haberes degradados frente a los elevados ingresos asignados a jóvenes militantes de la fuerza gobernante nombrados en segundas líneas de conducción y coordinaciones médicas sensibles sin poseer antecedentes verificables en la materia.
La justicia federal peritará el celular de Jésica Cirio para constatar el origen de un video con millones de dólares, coordinando inspecciones en San Vicente y Palermo. Paralelamente, la defensa de Martín Insaurralde solicitó anular la filmación alegando un presunto hackeo.
El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo reservado para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detecte de forma temprana la trata de personas. La normativa moderniza las pautas de acción ante delitos transnacionales y prioriza el resguardo de las víctimas.
El Gobierno argentino autorizó a Avianca a operar nuevas rutas regulares de pasajeros y carga entre Buenos Aires y las ciudades colombianas de Cali y Cartagena. La medida busca potenciar el turismo regional y optimizar la logística comercial bilateral.
Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, acusados por el femicidio y encubrimiento de Agostina Vega, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Cruz del Eje. La justicia cordobesa ordenó la medida por razones de vigilancia permanente tras dictarles prisión preventiva.
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Haití, advirtió sobre la existencia de un millón y medio de desplazados y 1.600 homicidios trimestrales. Las pandillas dominan gran parte de la capital, superando en número a las fuerzas estatales y reclutando menores.
El Banco Central flexibilizó el acceso a créditos en dólares para empresas del mercado interno y desarrolladores inmobiliarios, siempre que cuenten con avales exportadores. Aunque el Gobierno busca reactivar la economía y propone crear fondos sectoriales, los bancos actúan con cautela.
El sector atómico denunció una crisis presupuestaria y salarial en la CNEA que paralizó proyectos clave como el CAREM y provocó la fuga de científicos. El Gobierno impulsa privatizaciones y la exportación, nombrando a jóvenes militantes con sueldos millonarios.
La merma en la liquidación de divisas de la agroindustria frenó la acumulación de reservas del Banco Central y presionó al mercado cambiario. Pese a la retención de cosechas, analistas estiman que el Gobierno cumplirá las metas con financiamiento internacional.
