La poda presupuestaria afecta áreas críticas como la provisión de medicamentos oncológicos, el programa Remediar y el control de enfermedades zoonóticas. Especialistas advierten sobre consecuencias irreversibles en la población vulnerable, mientras el Ministerio de Salud defiende la medida como una “optimización de gastos”.
El sistema sanitario nacional enfrenta un nuevo cimbronazo financiero tras confirmarse un recorte superior a los $63.000 millones en la cartera que conduce Mario Lugones. La medida, oficializada a través de la decisión administrativa 20/2026, implica una quita del 2% a nivel general, pero impacta con severidad en programas de entrega gratuita de fármacos y tratamientos de alta complejidad. Desde el Gobierno aseguran que se busca evitar la superposición de funciones con las provincias, aunque los datos de ejecución presupuestaria muestran un panorama preocupante.
Medicamentos: El programa de Acceso a Insumos y Tecnología Médica sufrió una baja de $20.000 millones.
Provincias: Se recortaron $25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas sanitarios locales.
Cáncer: El presupuesto para tratamientos oncológicos disminuyó en $5.000 millones.
Ejecución: En lo que va del año, solo se utilizó el 31,5% del total de fondos disponibles en Salud.
El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, cuestionó con dureza la “falta de conciencia” de la actual conducción. Según el especialista, el desmantelamiento de programas históricos como el Remediar —que distribuye antibióticos y remedios para enfermedades crónicas en todo el país— afectará directamente los indicadores de mortalidad y equidad sanitaria. Rubinstein advirtió que delegar estas competencias a las provincias profundizará la brecha de atención entre las regiones más ricas y las más postergadas.
Uno de los puntos más sensibles de la reestructuración afecta al Banco de Drogas Oncológicas y a la asistencia para pacientes trasplantados. El programa de prevención y control de cáncer cuenta ahora con un presupuesto vigente de $10.000 millones, pero los registros oficiales de Presupuesto Abierto indican que hasta mediados de mayo solo se ejecutó el 6,2% de esos fondos. Esta subejecución genera incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos para miles de personas que dependen exclusivamente de la provisión estatal.
El recorte también alcanzó a organismos descentralizados de vital importancia. El INCUCAI (trasplantes), el Instituto Malbrán y la SEDRONAR verán reducidas sus capacidades operativas. Asimismo, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, creada recientemente para ordenar la situación de los hospitales nacionales, sufrió una poda de $3.195 millones, en medio de un clima de conflicto por despidos y bajos salarios de los residentes.
En un contexto donde el dengue y otras patologías zoonóticas mantienen en vilo a diversas regiones, el área de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas dispondrá de $1.500 millones menos. Esta quita afecta directamente las tareas de vigilancia y los operativos de descacharrado y control de vectores. Expertos advierten que el ahorro a corto plazo podría derivar en gastos hospitalarios mucho mayores ante futuros brotes epidemiológicos fuera de control.
Por otro lado, el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable tendrá un ajuste de $900 millones. Esta decisión se suma a las constantes denuncias de profesionales sobre la escasez de preservativos y anticonceptivos en centros de atención primaria. Según referentes del sector, la falta de insumos preventivos y el ajuste en el tratamiento de infecciones de transmisión sexual (VIH, Hepatitis, Tuberculosis) representan un retroceso de décadas en las políticas de salud pública argentina.
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