Industria molinera nacional solicitó autorizaciones al Senasa para adquirir cereal de Paraguay por falta de oferta local de calidad. El sector advirtió costos logísticos elevados y una capacidad ociosa del 50% que frena las exportaciones de harina.
Industria molinera nacional solicitó autorizaciones al Senasa para adquirir cereal de Paraguay por falta de oferta local de calidad. El sector advirtió costos logísticos elevados y una capacidad ociosa del 50% que frena las exportaciones de harina.

La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) confirmó que empresas del sector iniciaron gestiones para importar trigo desde Paraguay. La decisión respondió a la dificultad para conseguir mercadería con altos estándares de gluten en el mercado interno, sumado a que los valores internacionales resultaron más competitivos que los locales.
Diego Cifarelli, presidente de la FAIM, calificó la situación como una “paradoja de la abundancia”. Argentina registró una cosecha de 29,5 millones de toneladas según la Bolsa de Comercio de Rosario, pero la retención estratégica de los productores y los problemas de calidad panadera limitaron el abastecimiento de los molinos.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó el certificado fitosanitario necesario para concretar las operaciones. El cereal paraguayo ingresaría al país con un costo inferior a los 300 dólares por tonelada nacionalizada, superando en calidad al producto disponible actualmente en las terminales locales.
El dirigente gremial señaló que la industria procesa entre 6,5 y 7 millones de toneladas anuales, apenas la mitad de su capacidad instalada de 13,2 millones. Esta subutilización de la maquinaria encarece los costos fijos y limita la expansión hacia mercados internacionales que demandan productos con valor agregado.
Costos portuarios y de transporte representaron los principales obstáculos para el sector. Cifarelli denunció que enviar una tonelada de harina desde el norte argentino hacia los puertos locales resulta más costoso que el flete marítimo desde Argentina hasta China. La industria paga hasta el triple en logística que sus competidores directos en Brasil o Chile.
Exportar productos procesados multiplicaría el ingreso de divisas. Mientras la tonelada de trigo cotizó cerca de 230 dólares, la harina alcanzó los 500 dólares, y productos finales como pastas o panificados superaron los 1.700 dólares. No obstante, las retenciones vigentes y la presión impositiva desincentivaron esta transformación.
Estudios universitarios encargados por la federación estimaron que la evasión en la cadena de trigo, pan y farináceos asciende a 550.000 millones de pesos anuales. Esta cifra, equivalente a 400 millones de dólares, incluyó irregularidades en IVA, ingresos brutos y tasas municipales.
Cifarelli remarcó que la informalidad afecta la generación de empleo genuino y la transparencia del mercado. El sector empleó a 400.000 personas y representó casi el 3% del trabajo nacional, pero enfrentó una competencia desigual debido a las ventas fuera de registro en diversos eslabones de la cadena.
Autoridades de la Secretaría de Agricultura y la Dirección de Control Agropecuario trabajaron junto a la industria para normalizar estos procesos. El objetivo de los molinos fue garantizar el abastecimiento para un mercado interno que, en el primer trimestre, registró una merma del 1,5% en su consumo.
Diferentes alternativas logísticas se evaluaron para concretar la descarga de la mercadería importada. Los puertos nacionales, históricamente diseñados para la exportación de granos, debieron adaptar sus estructuras para recibir el cereal extranjero por primera vez en años.
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