La Cámara de Casación confirmó una multa de 109 millones de dólares para Claudio Bustos, exapoderado de Lázaro Báez, por lavado de dinero. En paralelo, el tribunal ordenó evaluar un plan de 48 cuotas para el empresario Juan Carlos Molinari.
La Cámara de Casación confirmó una multa de 109 millones de dólares para Claudio Bustos, exapoderado de Lázaro Báez, por lavado de dinero. En paralelo, el tribunal ordenó evaluar un plan de 48 cuotas para el empresario Juan Carlos Molinari.
El máximo tribunal penal de la Nación validó una millonaria sanción monetaria contra uno de los implicados en la red de blanqueo de capitales ligada a la constructora Austral. La resolución, dictada por los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación, obliga al exapoderado de la firma, Claudio Fernando Bustos —quien cuenta con una pena de ejecución condicional—, a desembolsar una cifra superior a los cien millones de dólares. El dictamen judicial determinó que la conversión a la moneda local se efectuará tomando como referencia la cotización oficial vendedora de la autoridad monetaria al momento en que se formalice la transacción. Los magistrados desestimaron las objeciones de la defensa, que pretendía retrotraer el cálculo al valor cambiario del período de las maniobras ilícitas, bajo el argumento de que el monto original ya constituía cosa juzgada y que la actualización evita la licuación de la penalidad por efectos de la depreciación monetaria. Allegados al sancionado advierten que la realidad habitacional del condenado, residente en una zona humilde de la provincia de Córdoba, dista del patrimonio requerido para afrontar dicho pago.
En el mismo expediente, el tribunal de alzada resolvió por mayoría revisar la modalidad de cobro de la multa impuesta a Juan Carlos Molinari, un hombre de negocios conocido en el ámbito público por haber financiado una ostentosa celebración nupcial para el arrepentido Leonardo Fariña en el sector de Palermo. La resolución ordena al Tribunal Oral Federal dictar un nuevo pronunciamiento que contemple la posibilidad de un financiamiento a largo plazo, puntualmente en un esquema de 48 mensualidades, para cubrir una penalidad que ronda los dos millones de millones de dólares. Dos de los camaristas argumentaron que un plan de pagos regularizado favorece el cumplimiento voluntario de las penas pecuniarias y evita los prolongados y complejos procesos de ejecución forzosa o confiscación de bienes, mientras que el voto disidente sostuvo que la sanción, firme desde hace un lustro, debe ejecutarse de forma inmediata sobre el patrimonio del deudor sin concederle beneficios comerciales adicionales.
Las determinaciones del tribunal complementan el escenario definitivo de este megaoperativo judicial, luego de que la Corte Suprema sepultara los últimos recursos de apelación y dejara firmes las condenas para todos los involucrados en la estructura financiera transnacional que lavó decenas de millones de dólares a comienzos de la década pasada mediante sobrefacturación fraudulenta. La causa, que cobró notoriedad mediática por los registros fílmicos de una financiera en el área de Puerto Madero utilizada para canalizar los fondos espurios al extranjero, mantiene en prisión al principal referente del holding con una pena unificada de catorce años. Las penalidades ratificadas por la cúpula judicial abarcan penas de prisión efectiva y en suspenso para familiares directos, contadores y asesores jurídicos del consorcio, aplicando paralelamente decomisos globales y sanciones accesorias calculadas sobre el volumen total de los activos financieros movilizados de forma irregular.
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