Según datos publicados por Clarín, las compañías belgas Jan de Nul y DEME propusieron idénticos costos de peaje para la vía navegable troncal. La resolución del negocio, clave para el comercio exterior, se definirá por los antecedentes técnicos en las próximas semanas.
El proceso de privatización de la Hidrovía Paraguay-Paraná ingresó en su etapa de definiciones con un escenario imprevisto para las autoridades nacionales. Las dos corporaciones internacionales que compiten por la adjudicación del sistema fluvial presentaron la misma oferta económica, obligando al Poder Ejecutivo a dirimir la concesión de la ruta comercial más importante del país a través de los puntajes obtenidos en los análisis de ingeniería previos.
Tanto la firma Jan de Nul como su competidora DEME cotizaron la tarifa mínima establecida en los pliegos de bases y condiciones para la administración de la Vía Navegable Troncal. La propuesta unificada fija un valor inicial de 3,80 dólares por tonelada neta registrada, previendo un esquema de escalonamiento tarifario que trepará a 4,65 dólares y finalmente se consolidará en 5,78 dólares una vez que se ejecuten las obras de profundización del dragado.
“La oferta económica tendrá el mayor peso en la decisión final, buscando asegurar la tarifa más competitiva para los productores argentinos”, habían adelantado fuentes de la secretaría de transporte.
De acuerdo con las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía, la implementación de este nuevo cuadro tarifario representará una baja del 13,5% respecto de los costos actuales, los cuales se ubicaban en 4,30 dólares por tonelada. Esta reducción en los peajes fluviales generará un beneficio directo para el sector agroindustrial, proyectando un ahorro neto de entre 35 y 40 millones de dólares anuales en costos de logística de exportación.
Ante la paridad absoluta en el renglón económico, la balanza institucional se inclinaría de forma definitiva en favor de la compañía Jan de Nul gracias a la ventaja técnica obtenida en las rondas de evaluación previas. La firma ganadora obtendrá el derecho de usufructo y explotación operativa de la arteria fluvial por un período base de 25 años, con una cláusula de extensión de prórroga fijada en cinco años adicionales.
La corporación privada que resulte seleccionada por el Estado nacional deberá asumir un compromiso de inversión de 10.000 millones de dólares a lo largo de la vigencia del contrato de concesión. Estos fondos privados estarán destinados de manera exclusiva a tareas de señalización, mantenimiento estructural y dragado de fondo sobre un canal navegable por el cual se moviliza actualmente el 80% de todo el comercio exterior de la República Argentina.
Desde las oficinas del Palacio de Hacienda destacaron la transparencia del proceso licitatorio, remarcando que ninguna de las precalificadas presentó impugnaciones cruzadas contra los pliegos técnicos. Asimismo, las principales entidades gremiales empresarias —incluyendo a la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio de Rosario— celebraron el avance del cronograma administrativo, considerándolo un paso indispensable para apuntalar la competitividad en los mercados globales.
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