El vicepresidente de la SRA contestó las descalificaciones de un funcionario nacional

Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA, cruzó a un asesor de Luis Caputo tras recibir críticas por cuestionar la política impositiva oficial. El dirigente rural defendió la rentabilidad del campo y exigió que el Gobierno no intervenga en las elecciones de la entidad.

Marcos Pereda, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina

La interna de la principal agrupación patronal del campo argentino se trasladó al plano de la discusión pública tras los duros cuestionamientos cruzados entre el candidato opositor a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina y un estrecho colaborador de la cartera económica nacional. Los desencuentros comenzaron cuando el dirigente Marcos Pereda criticó severamente el impacto de las marchas y contramarchas en la política impositiva sobre las exportaciones de granos, señalando que las alteraciones en las alícuotas implementadas a mediados del año pasado generaron un fuerte freno en el comercio de bienes de capital y sembraron desconfianza en los productores respecto del horizonte de liberalización total prometido por el oficialismo. La respuesta desde los despachos oficiales no tardó en llegar mediante comentarios virtuales que asociaron las demandas gremiales con posturas de la oposición partidaria bonaerense, lo que motivó una enérgica réplica del empresario agropecuario, quien reivindicó la independencia de las entidades rurales y exigió que el Poder Ejecutivo se abstenga de interferir en las elecciones internas de la institución previstas para el inicio de la primavera.

En sus intervenciones en espacios de debate audiovisual, el referente de la SRA desmenuzó las implicancias de los regímenes de comercialización de emergencia aplicados en etapas previas, argumentando que las ventajas financieras de las ventanas temporales de exención aduanera terminaron concentrándose en los grandes complejos exportadores en detrimento de los ingresos de las explotaciones familiares. Pereda sostuvo que este tipo de intervenciones discrecionales distorsiona la transparencia de los mercados y contradice las bases del libre comercio proclamadas por la fuerza gobernante, fundamentando su reclamo en la necesidad de consolidar reglas jurídicas estables para revertir la caída de rentabilidad que hoy exhiben las planillas de costos de los principales cultivos de la pampa húmeda.

La polémica visibiliza las tensiones subyacentes entre los equipos de la conducción económica del país y los sectores productivos de base que reclaman una aceleración en el desarme de la presión tributaria. Mientras el Palacio de Hacienda busca resguardar las metas de recaudación y destaca los anuncios recientes de reducciones arancelarias escalonadas para el próximo ciclo agrícola, los sectores independientes de la Rural insisten en que las medidas resultan insuficientes para compensar el atraso cambiario y los costos logísticos. El debate cobra especial relevancia en vísperas de la renovación de autoridades de la entidad de la calle Florida, donde se confrontará un modelo de mayor sintonía y diálogo reservado con las oficinas gubernamentales frente a una propuesta que promueve un perfil de mayor confrontación doctrinaria y autonomía gremial frente al poder político de turno.

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