A más de un mes de la reapertura de la sala de cronistas, el Gobierno sostiene limitaciones de circulación y acceso a despachos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tampoco retomó las conferencias informativas a pesar de sus promesas previas.
A más de un mes de la reapertura de la sala de cronistas, el Gobierno sostiene limitaciones de circulación y acceso a despachos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tampoco retomó las conferencias informativas a pesar de sus promesas previas.
Los periodistas acreditados en la Casa Rosada continúan enfrentando severas restricciones operativas para realizar sus tareas diarias. Las medidas de control físico y de movimiento interno se profundizaron significativamente, a pesar de haber transcurrido un mes desde la reinauguración de la tradicional sala de prensa oficial.
Los principales bloqueos a la labor periodística:
Prohibición de acceso total al Patio de las Palmeras y balcones internos del edificio.
Vidrios esmerilados obligatorios en las dependencias de los principales funcionarios.
Suspensión de conferencias de prensa presenciales por parte de la Jefatura de Gabinete.
La rutina de los profesionales de la comunicación se modificó drásticamente a partir de las decisiones de la Secretaría de Prensa y Comunicación, liderada por Javier Lanari. Las inspecciones en el ingreso de Balcarce 78 ahora incluyen requisas de pertenencias y la retención obligatoria de las credenciales de identificación.
El blindaje informativo se implementó originalmente bajo el argumento de una denuncia de Casa Militar por supuesto espionaje contra los trabajadores de prensa de la señal TN. La acusación apuntaba al uso de dispositivos ópticos de grabación dentro de los pasillos internos del palacio de Gobierno.
Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo resolvió desestimar por completo la presentación legal de la gestión al no encontrar elementos delictivos en las conductas de los profesionales. Pese a que el principal argumento oficial quedó anulado por la resolución, los bloqueos internos se mantuvieron inalterables.
El personal de seguridad física continúa custodiando activamente los desplazamientos y vigila de forma permanente los movimientos cotidianos de los cronistas acreditados. Las autoridades restringieron el paso hacia oficinas claves, como el sector donde desempeña funciones el asesor presidencial Santiago Caputo.
El malestar en las empresas de medios se incrementa debido a la interrupción sistemática de las conferencias informativas coordinadas por Manuel Adorni. El actual jefe de Gabinete había asumido el compromiso de restablecer un esquema de contacto periódico, pero no brinda declaraciones abiertas desde principios de mayo.
El último intercambio formal con los periodistas acreditados generó fuertes recelos políticos por una incómoda consulta sobre supuestos sobresueldos estatales efectuada al ministro de Economía, Luis Caputo. Tras este tenso cruce en el auditorio general, los funcionarios nacionales suspendieron de forma indefinida las rondas de prensa.
Como complemento de la compleja situación laboral, las instalaciones edilicias evidencian un claro abandono estructural por falta de presupuesto básico para servicios. La sala asignada a los reporteros carece actualmente de sistemas de climatización estacional, precarizando la labor profesional durante las jornadas invernales de este 2026.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
