Diputados de la Coalición Cívica solicitaron la inhabilitación del jefe de Gabinete para ejercer cargos públicos. Atribuyeron la presentación judicial a presuntas irregularidades y ocultamiento de activos en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
Los diputados nacionales, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. acusado de incurrir en los delitos de omisión maliciosa y falsedad ideológica en las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2024 y 2025. El escrito solicitó formalmente la inhabilitación perpetua del ministro coordinador para el desempeño de funciones públicas.
La presentación judicial se fundamentó en las recientes declaraciones del propio funcionario en sede televisiva. El domingo pasado, durante una entrevista periodística, Adorni reconoció la existencia de activos por un monto estimado en 500.000 dólares fuera del circuito formal, los cuales omitió especificar al asumir su cargo. El jefe de Gabinete relativizó el episodio y calificó el hecho como un error involuntario derivado del desconocimiento técnico de las obligaciones legales.
Paralelamente, los denunciantes rechazaron la justificación del olvido y recordaron que el ministro coordinador posee formación profesional como contador público.
Según el documento ingresado a los tribunales, el ocultamiento de bienes incluyó criptomonedas, dinero en efectivo proveniente de una herencia familiar y tres propiedades inmuebles ubicadas en Exaltación de la Cruz, La Plata y el barrio porteño de Caballito.
A diferencia de la postura oficial, los legisladores sostuvieron que las sucesivas declaraciones rectificativas presentadas ante la Oficina Anticorrupción no neutralizan el delito.
Asimismo, el bloque opositor denunció una agravante por falsedad en el informe escrito de gestión que Adorni brindó ante el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, jornada en la que ratificó la regularidad de su patrimonio.
La causa penal podría sumarse a la investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales de Comodoro Py. En dicho expediente, la fiscalía detectó erogaciones por 406.681 dólares que no coinciden con la evolución de sus ingresos declarados, además de deudas recientes por 335.000 dólares.
El avance de esta nueva denuncia dependerá de la asignación del juzgado correspondiente, el cual podría recaer en el magistrado que ya coordina las investigaciones previas sobre el patrimonio del funcionario.
La resolución del caso plantea el interrogante sobre dónde termina la posibilidad legal de corregir una declaración jurada y dónde comienza una conducta pasible de sanción penal para los altos administradores del Estado.
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