El ejecutivo puso en marcha el nuevo marco regulatorio para la declaración de armas

El presidente Javier Milei promulgó la ley que establece un régimen excepcional de 360 días para regularizar la tenencia de armas no declaradas ante la ANMaC. La normativa también extiende el programa de entrega voluntaria y destrucción de armamento.

La Presidencia de la Nación oficializó la puesta en vigencia de un dispositivo legal orientado a ordenar el parque de armamento civil en todo el territorio de la República Argentina. Mediante su publicación en los canales oficiales de la administración central, cobró fuerza de ley el proyecto sancionado recientemente por la Cámara Alta del Congreso, el cual promueve facilidades para la formalización del material bélico de uso doméstico o condicional y reintroduce las campañas de desarme comunitario. La medida gubernamental busca reconfigurar los padrones estatales y ofrecer alternativas institucionales para disminuir la circulación clandestina de componentes de deflagración.

La nueva arquitectura normativa prevé un tratamiento administrativo específico tanto para particulares como para entidades colectivas que posean dispositivos de fuego, municiones o piezas fundamentales sin la correspondiente acreditación legal en los organismos de control. Quienes se encuentren en una situación irregular frente a las leyes vigentes dispondrán de una ventana temporal de prácticamente un año para comparecer de manera espontánea e iniciar los trámites de registración sin afrontar penalidades. Este procedimiento excepcional de fiscalización busca dotar al Estado de herramientas actualizadas de trazabilidad respecto al inventario de recursos balísticos en manos de la ciudadanía.

La implementación operativa y de control del proceso quedará bajo la estricta responsabilidad de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, dependencia que coordinará las sedes de recepción y evaluará las condiciones técnicas requeridas por el marco legal. Paralelamente, la normativa fortalece los mecanismos para la recepción anónima y posterior destrucción de pertrechos, un recurso estratégico que las autoridades consideran vital para reducir los índices de siniestralidad urbana y criminalidad doméstica. De este modo, la gestión de Javier Milei estructura un plan de regularización masiva que aspira a sanear el vacío fiscalizador heredado en materia de seguridad interior.

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