El Gobierno eximió del Impuesto al Cheque a las billeteras virtuales y proveedores de criptoactivos regulados, argumentando la necesidad de una adecuación tecnológica. La medida desató fuertes críticas de la oposición por excluir al comercio tradicional y a las pymes.
La Casa Rosada dictó una profunda reforma fiscal orientada a modificar las cargas impositivas del ecosistema financiero moderno. A través de una resolución oficial rubricada por la plana mayor de la administración de Javier Milei, se determinó suspender la aplicación del denominado tributo a las transacciones bancarias para las billeteras digitales y los intermediarios de activos virtuales. Las autoridades argumentaron que la transformación del marco regulatorio obedece a la urgencia de modernizar los criterios del Estado frente a las transformaciones tecnológicas recientes, buscando equiparar las condiciones operativas de sectores con prestaciones análogas dentro del circuito comercial.
La exención decretada abarca de forma exclusiva a aquellas corporaciones de recaudación y cobros electrónicos que cuenten con avales oficiales, extendiéndose a los agentes que operan como terminales de soporte financiero complementario. Asimismo, el beneficio alcanza a las agencias administradoras de criptomonedas, condicionando su alivio fiscal a la inscripción formal en los padrones de control bursátil y recaudación federal. Los movimientos vinculados al financiamiento de tarjetas plásticas y las cuentas utilizadas por empresas de logística de caudales para rendir fondos líquidos también quedaron resguardados de estas deducciones habituales.
Esta selectividad en la flexibilización impositiva despertó inmediatas objeciones en el arco político y entre analistas económicos del sector tradicional. Dirigentes opositores y exlegisladores cuestionaron con dureza la medida, calificándola como un beneficio asimétrico que desprotege al entramado productivo convencional. Los sectores críticos hicieron hincapié en que mientras las grandes firmas de innovación tecnológica reciben dispensas gubernamentales, el grueso del comercio minorista, los profesionales independientes y las pequeñas industrias continuarán soportando la presión del impuesto al cheque en los canales de la banca clásica, perpetuando un esquema de recaudación altamente regresivo.
La cotización oficial de la divisa aumentó casi un 3% en lo que va del mes, superando la inflación proyectada. La llegada del medio aguinaldo presiona el mercado y los analistas anticipan un cambio de tendencia para el segundo semestre.
El primer semestre cerrará con una inflación cercana al 17%, impulsada por el ajuste de servicios públicos, superando el registro del año previo pero manteniéndose como la segunda cifra más baja desde 2021. Economistas proyectan un 30% anualizado.
El camarista federal Javier Leal de Ibarra querelló por calumnias e injurias al diputado Rodolfo Tailhade, tras ser acusado en redes sociales de evasión fiscal. El juez desmintió poseer dinero no declarado y desafió al legislador a probar sus dichos.
El Gobierno cerró la paritaria estatal con UPCN mediante un incremento escalonado de 6,64% hasta agosto más un bono, propuesta rechazada por ATE. La actualización salarial alcanzará también a los ministros y secretarios, mientras la presidencia continúa congelada.
Jacquelin advierte que los escándalos de Adorni y la euforia macroeconómica del Gobierno reavivaron a la oposición. Ante el cerco judicial de Comodoro Py, Bullrich alertó sobre una inminente moción de censura que paraliza y debilita la gobernabilidad.
El Gobierno eximió del Impuesto al Cheque a las billeteras virtuales y proveedores de criptoactivos regulados, argumentando la necesidad de una adecuación tecnológica. La medida desató fuertes críticas de la oposición por excluir al comercio tradicional y a las pymes.
La Secretaría General de la Presidencia incrementó un 141% su presupuesto de gastos flexibles, superando los 1.135 millones de pesos. Aunque se confirmó que Karina Milei y Victoria Villarruel poseen tarjetas corporativas, el Gobierno mantiene bajo reserva sus consumos.
El presidente Javier Milei promulgó la ley que establece un régimen excepcional de 360 días para regularizar la tenencia de armas no declaradas ante la ANMaC. La normativa también extiende el programa de entrega voluntaria y destrucción de armamento.
