El Gobierno cerró la paritaria estatal con UPCN mediante un incremento escalonado de 6,64% hasta agosto más un bono, propuesta rechazada por ATE. La actualización salarial alcanzará también a los ministros y secretarios, mientras la presidencia continúa congelada.
La Secretaría de Trabajo dio por concluida la negociación colectiva correspondiente al personal del sector público nacional mediante un entendimiento que regirá hasta el mes de agosto. El esquema salarial propuesto por el Gobierno contó con el visto bueno de la Unión del Personal Civil de la Nación, la organización con mayor cantidad de afiliados en las dependencias estatales, pero cosechó el rotundo rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado. Las proyecciones oficiales contemplan una recomposición escalonada inferior al siete por ciento distribuida en tres cuotas consecutivas durante el próximo trimestre, adicionando una bonificación extraordinaria fija y con aportes hacia el cierre del período, en un escenario donde los indicadores oficiales muestran una desaceleración en el índice de precios al consumidor.
La actualización dispuesta en la mesa de negociaciones impactará de forma automática en los haberes percibidos por los cuadros de conducción política de los diferentes ministerios y secretarías de Estado. Esta indexación responde a las reglamentaciones firmadas a comienzos de año por la propia Presidencia de la Nación, las cuales acoplaron las remuneraciones de ministros, secretarios y subsecretarios a los porcentajes acordados por la comisión del convenio colectivo general. No obstante, las compensaciones de las máximas figuras del Poder Ejecutivo continuarán bajo la política de congelamiento presupuestario que se implementó desde el inicio de la actual administración, manteniendo una distancia formal respecto a los ajustes que perciben sus colaboradores directos.
El resultado de la paritaria profundizó el distanciamiento de los sectores más combativos del gremialismo estatal, quienes denuncian una licuación severa en los ingresos reales de los agentes técnicos de las carteras gubernamentales. Desde los foros internacionales en el exterior, la conducción de ATE manifestó que el acuerdo consolida un retroceso del poder de compra de la planta pública frente a los desajustes económicos acumulados, advirtiendo sobre un inminente incremento de las medidas de fuerza en las dependencias públicas. Por su parte, los representantes del sindicato mayoritario justificaron el consenso alcanzado bajo la premisa de resguardar la estabilidad laboral y asegurar compensaciones en efectivo ante las complejas dinámicas fiscales del país.
La cotización oficial de la divisa aumentó casi un 3% en lo que va del mes, superando la inflación proyectada. La llegada del medio aguinaldo presiona el mercado y los analistas anticipan un cambio de tendencia para el segundo semestre.
El primer semestre cerrará con una inflación cercana al 17%, impulsada por el ajuste de servicios públicos, superando el registro del año previo pero manteniéndose como la segunda cifra más baja desde 2021. Economistas proyectan un 30% anualizado.
El camarista federal Javier Leal de Ibarra querelló por calumnias e injurias al diputado Rodolfo Tailhade, tras ser acusado en redes sociales de evasión fiscal. El juez desmintió poseer dinero no declarado y desafió al legislador a probar sus dichos.
El Gobierno cerró la paritaria estatal con UPCN mediante un incremento escalonado de 6,64% hasta agosto más un bono, propuesta rechazada por ATE. La actualización salarial alcanzará también a los ministros y secretarios, mientras la presidencia continúa congelada.
Jacquelin advierte que los escándalos de Adorni y la euforia macroeconómica del Gobierno reavivaron a la oposición. Ante el cerco judicial de Comodoro Py, Bullrich alertó sobre una inminente moción de censura que paraliza y debilita la gobernabilidad.
El Gobierno eximió del Impuesto al Cheque a las billeteras virtuales y proveedores de criptoactivos regulados, argumentando la necesidad de una adecuación tecnológica. La medida desató fuertes críticas de la oposición por excluir al comercio tradicional y a las pymes.
La Secretaría General de la Presidencia incrementó un 141% su presupuesto de gastos flexibles, superando los 1.135 millones de pesos. Aunque se confirmó que Karina Milei y Victoria Villarruel poseen tarjetas corporativas, el Gobierno mantiene bajo reserva sus consumos.
El presidente Javier Milei promulgó la ley que establece un régimen excepcional de 360 días para regularizar la tenencia de armas no declaradas ante la ANMaC. La normativa también extiende el programa de entrega voluntaria y destrucción de armamento.
