El Gobierno eximió del Impuesto al Cheque a las billeteras virtuales y proveedores de criptoactivos regulados, argumentando la necesidad de una adecuación tecnológica. La medida desató fuertes críticas de la oposición por excluir al comercio tradicional y a las pymes.
La Casa Rosada dictó una profunda reforma fiscal orientada a modificar las cargas impositivas del ecosistema financiero moderno. A través de una resolución oficial rubricada por la plana mayor de la administración de Javier Milei, se determinó suspender la aplicación del denominado tributo a las transacciones bancarias para las billeteras digitales y los intermediarios de activos virtuales. Las autoridades argumentaron que la transformación del marco regulatorio obedece a la urgencia de modernizar los criterios del Estado frente a las transformaciones tecnológicas recientes, buscando equiparar las condiciones operativas de sectores con prestaciones análogas dentro del circuito comercial.
La exención decretada abarca de forma exclusiva a aquellas corporaciones de recaudación y cobros electrónicos que cuenten con avales oficiales, extendiéndose a los agentes que operan como terminales de soporte financiero complementario. Asimismo, el beneficio alcanza a las agencias administradoras de criptomonedas, condicionando su alivio fiscal a la inscripción formal en los padrones de control bursátil y recaudación federal. Los movimientos vinculados al financiamiento de tarjetas plásticas y las cuentas utilizadas por empresas de logística de caudales para rendir fondos líquidos también quedaron resguardados de estas deducciones habituales.
Esta selectividad en la flexibilización impositiva despertó inmediatas objeciones en el arco político y entre analistas económicos del sector tradicional. Dirigentes opositores y exlegisladores cuestionaron con dureza la medida, calificándola como un beneficio asimétrico que desprotege al entramado productivo convencional. Los sectores críticos hicieron hincapié en que mientras las grandes firmas de innovación tecnológica reciben dispensas gubernamentales, el grueso del comercio minorista, los profesionales independientes y las pequeñas industrias continuarán soportando la presión del impuesto al cheque en los canales de la banca clásica, perpetuando un esquema de recaudación altamente regresivo.
La Legislatura porteña aprobó una contundente reforma para endurecer las sanciones contra quienes exigen dinero por estacionar. La normativa incluye días de arresto efectivo, multas millonarias y severos castigos para clubes. Jorge Macri celebró la medida prometiendo tolerancia cero.
Simpatizantes de la Verdeamarela visitaron la mítica estatua de Rocky Balboa en Filadelfia. Para evitar la mala suerte en el Mundial, armaron un cordón de seguridad y le colocaron una camiseta alternativa albiceleste al monumento con el objetivo de mufar al clásico rival.
El Presidente y el jefe de Gabinete mantuvieron un encuentro a solas en la Quinta de Olivos. El Gobierno busca impulsar una “agenda positiva” para dejar atrás el escándalo patrimonial. Además, volverán a mostrarse juntos durante el acto por el Día de la Bandera.
José Peña y María Luisa Noguera declararán la próxima semana en el juicio por la desaparición de su hijo Loan. La querella marcó una fuerte distancia con Laudelina Peña, imputada por la sustracción y el desvío de la investigación en Corrientes.
La cotización oficial de la divisa aumentó casi un 3% en lo que va del mes, superando la inflación proyectada. La llegada del medio aguinaldo presiona el mercado y los analistas anticipan un cambio de tendencia para el segundo semestre.
El primer semestre cerrará con una inflación cercana al 17%, impulsada por el ajuste de servicios públicos, superando el registro del año previo pero manteniéndose como la segunda cifra más baja desde 2021. Economistas proyectan un 30% anualizado.
El camarista federal Javier Leal de Ibarra querelló por calumnias e injurias al diputado Rodolfo Tailhade, tras ser acusado en redes sociales de evasión fiscal. El juez desmintió poseer dinero no declarado y desafió al legislador a probar sus dichos.
El Gobierno cerró la paritaria estatal con UPCN mediante un incremento escalonado de 6,64% hasta agosto más un bono, propuesta rechazada por ATE. La actualización salarial alcanzará también a los ministros y secretarios, mientras la presidencia continúa congelada.
