La Legislatura porteña aprobó una contundente reforma para endurecer las sanciones contra quienes exigen dinero por estacionar. La normativa incluye días de arresto efectivo, multas millonarias y severos castigos para clubes. Jorge Macri celebró la medida prometiendo tolerancia cero.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires logró la sanción definitiva de una histórica y necesaria reforma del Código Contravencional. A partir de la promulgación de esta medida, la Justicia porteña y las fuerzas de seguridad tendrán herramientas legales mucho más severas para penalizar y erradicar por completo la actividad ilegal de los cuidacoches y limpiavidrios.
Los ejes centrales de la nueva normativa porteña:
Cárcel efectiva: Penas de hasta dos meses de prisión para los líderes.
Multas millonarias: Las sanciones económicas superan el millón de pesos.
Perímetro de control: Operativos policiales en un radio de 50 cuadras en eventos.
Tras la esperada aprobación legislativa que contó con el amplio respaldo de 36 votos afirmativos, el jefe de Gobierno porteño fue sumamente contundente en sus redes sociales. A través de un video institucional con testimonios vecinales, Jorge Macri celebró con firmeza la medida y lanzó una dura advertencia pública: “Si sos trapito, te meto preso”.
El nuevo marco normativo diseñado por los legisladores establece un riguroso esquema de castigos diferenciados según la gravedad y el contexto de la infracción en la vía pública. Para quienes operen de forma aislada e individual en las calles porteñas, la reciente ley dictamina un arresto obligatorio y efectivo de 10 a 30 días.
La situación penal de los involucrados se agrava considerablemente durante el desarrollo de espectáculos y eventos masivos en la jurisdicción de la ciudad. En estos casos, al comprobarse una planificación y organización previa, las penas ascenderán rápidamente a un período de detención de entre 20 y 50 días.
Además, la Justicia local apuntará directamente contra las cúpulas de estas organizaciones ilegales que operan impunemente en los distintos barrios. Los jefes, coordinadores, promotores o financistas de estas bandas barriales organizadas podrán recibir hasta 60 días de cárcel, cortando de raíz la matriz del negocio clandestino.
Las penas estipuladas por los legisladores se duplicarán de forma automática ante situaciones comprobadas de violencia física o acoso callejero sistemático. Esta máxima severidad también se aplicará cuando los extorsionadores se aprovechen de una situación de vulnerabilidad del conductor o incurran en agresiones motivadas por la desigualdad de género.
En el ámbito netamente económico, los días de trabajo comunitario obligatorio se extendieron de manera considerable a un rango que va de 20 a 45 días. En paralelo, las irrisorias sanciones monetarias previas fueron reemplazadas por multas que partirán desde $1.139.988, buscando generar un verdadero y profundo impacto disuasorio.
La ley sancionada amplía notablemente el radio de acción de la Policía de la Ciudad durante la realización de grandes recitales y partidos de fútbol de alta convocatoria. La nueva zona de exclusión preventiva abarcará hasta 50 cuadras a la redonda del recinto, comenzando los controles seis horas antes y terminando tres horas después del show.
En caso de que la Justicia logre comprobar la connivencia o participación de autoridades de clubes o instituciones organizadoras, las represalias institucionales serán drásticas. El Gobierno porteño estará plenamente habilitado para clausurar el establecimiento por 90 días y aplicar fuertes sanciones económicas de hasta 20 millones de pesos.
Las estadísticas oficiales reflejan a la perfección la magnitud del descontrol en el espacio público porteño durante los últimos meses de gestión. Solamente entre mayo del año 2025 y el mismo mes del actual 2026, las autoridades policiales registraron más de 13.149 contravenciones vinculadas a esta actividad clandestina.
El propio Jorge Macri remarcó en sus redes que las antiguas multas resultaban incobrables y generaban una burla constante hacia las fuerzas de seguridad operativas. Este moderno y endurecido régimen penal busca instalar definitivamente una política de tolerancia cero contra la apropiación del espacio por parte de las mafias urbanas.
Finalmente, la normativa exige que los jueces intervinientes ofrezcan a los infractores primarios los programas de asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano. Sin embargo, quienes lideren o fomenten el negocio ilegal quedarán excluidos de todo beneficio estatal por al menos dos años completos, buscando limpiar las calles de extorsionadores.
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