Durante el debate en comisión del Senado, el ministro Federico Sturzenegger respaldó el proyecto oficialista para crear sociedades automatizadas y descentralizadas. El peronismo rechazó la medida tras calificarla como un riesgo civil y laboral para el país.
El ministro de Desregulación y de Transformación del Estado Federico Sturzenegger defendió en el Senado el proyecto de reforma integral de la ley de sociedades. La iniciativa de la Casa Rosada busca reemplazar la normativa vigente desde 1972 e introduce figuras comerciales tecnológicas que pueden prescindir de la intervención humana directa en su gestión operativa y toma de decisiones.
Durante su exposición ante la comisión de Legislación General, el funcionario explicó que las denominadas sociedades automatizadas constituirán un subtipo de Sociedad Anónima.
Según el integrante del gabinete nacional, bajo este formato se mantendrán las obligaciones y restricciones legales vigentes, con la diferencia de que la administración correrá por cuenta de softwares o robots que respaldarán sus operaciones con el patrimonio social.
La propuesta oficialista contempla dos estructuras principales vinculadas a las nuevas tecnologías. En primer lugar, la Sociedad Automatizada e Inteligencia Artificial; en segundo término, la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa, conocida como DAO por sus siglas en inglés, que funcionará mediante protocolos digitales, tokens y contratos inteligentes sobre tecnología blockchain.
Paralelamente, el director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, detalló que el marco legal actual de Argentina muestra una densidad de 15 empresas cada 1.000 habitantes, frente a las 60 que registran Chile y Uruguay.
El funcionario judicial puntualizó que el 99,8% de las firmas locales son micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), por lo que la digitalización de libros societarios en un plazo de dos años reducirá la discrecionalidad estatal.
Por otra parte, el proyecto reincorpora las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), amplía las variantes unipersonales y habilita la expresión del capital social en moneda extranjera.
Asimismo, admite la realización de aportes mediante activos digitales y valida las reuniones y votos de los órganos de gobierno por vías telemáticas remotas.
El bloque de la oposición peronista, a través del senador Martín Soria, rechazó la propuesta tras calificarla como un riesgo para el empleo y la industria local. El legislador rionegrino cuestionó la viabilidad del control de activos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y recordó la utilización de formatos simplificados por parte de organizaciones delictivas en el pasado.
A su turno, el senador Jorge Capitanich planteó observaciones constitucionales referidas a la dificultad para reparar daños civiles bajo una gestión enteramente automatizada.
Desde el Poder Ejecutivo respondieron que la legislación respetará las directivas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y que aquellas entidades que no identifiquen de forma clara a sus beneficiarios finales quedarán excluidas de los beneficios del nuevo régimen.
El texto en discusión elimina de la legislación comercial las sociedades colectivas, las de capital e industria y las variantes en comandita, al tiempo que limita la fiscalización del Estado exclusivamente a las firmas sujetas a regímenes especiales.
La titular de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez, informó que el tratamiento de la reforma continuará durante las próximas semanas a nivel de asesores, sin que se contemple por el momento una lista de invitados externos para emitir dictamen.
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