La cámara baja dio media sanción al régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos mayores a US$1.000 millones; la iniciativa avanzó con 130 votos a favor y ahora pasa al Senado.
La cámara baja dio media sanción al régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos mayores a US$1.000 millones; la iniciativa avanzó con 130 votos a favor y ahora pasa al Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, un esquema regulatorio que concede ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias durante tres décadas para capitales destinados a tecnología, energía y automóviles eléctricos.
De esta manera, la iniciativa recibió 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, tras contar con el respaldo de Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. El texto fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.
El dictamen aprobado establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, la exención de derechos de importación y exportación, y la liberación progresiva de divisas hasta completar el 100% al tercer año de operaciones.
Paralelamente, la norma faculta a las corporaciones a recurrir a tribunales internacionales como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) ante eventuales litigios con el Estado. Para su aplicación, las provincias y municipios deberán adecuar sus tasas de Ingresos Brutos por debajo del 0,5%.
Debates y negociaciones en el recinto por el Súper RIGI. Foto: Web.
El miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Alberto Benegas Lynch, defendió la propuesta oficial como la herramienta idónea para atraer industrias inexistentes en el país mediante la seguridad jurídica.
Asimismo, la diputada Mercedes Llano señaló que el régimen constituye una señal hacia los mercados globales para estimular sectores como la inteligencia artificial y la biotecnología avanzada.
Durante el análisis en comisiones, los bloques dialoguistas incorporaron modificaciones al texto remitido por el Poder Ejecutivo. Entre los cambios se incluyó la obligación de presentar un plan de integración que garantice un piso del 20% de contratación de proveedores locales, incentivos para investigación y desarrollo, y la creación de un registro público de proyectos.
A su vez, se sumaron restricciones ambientales que permiten el rechazo de propuestas con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.
Bloques de la izquierda rechazaron firmemente el proyecto oficial. Foto: diputados.
La bancada de Unión por la Patria (UP) y los representantes del Frente de Izquierda rechazaron la medida. La diputada Jimena López criticó el costo fiscal de la ley y afirmó que el Estado resignó recursos equivalentes a más de 100 millones de dólares que pudieron destinarse al sistema previsional o a las universidades.
En consonancia, el diputado de Provincias Unidas, Martín Lousteau, advirtió sobre la falta de especificidad del proyecto al señalar que se votó un estatuto excepcional sin conocer cuáles empresas se radicarán en el territorio nacional.
Por otra parte, los diputados alineados con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazaron la norma bajo el argumento de que los beneficios para las grandes corporaciones tecnológicas se financiarán con la recaudación de las retenciones que soportan las actividades productivas tradicionales.
Desde el bloque Innovación Federal, el diputado Bernardo Biella condicionó la efectividad del sistema a la reactivación de la obra pública nacional, al manifestar que las empresas requerirán rutas, servicios ferroviarios y provisión energética constante para operar en las regiones del interior.
En la misma jornada parlamentaria, la Cámara baja convirtió en ley el acuerdo con los acreedores que permanecían en litigio en los tribunales de Estados Unidos luego del default del año 2001.
La propuesta cosechó 138 votos afirmativos y 98 negativos. El convenio ratificado dispone el pago de US$171 millones a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, una decisión que la oposición vinculó directamente con el debate del Súper RIGI, mientras que el oficialismo atribuyó el origen del conflicto a la gestión de las administraciones anteriores.
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