El jefe de Gabinete adquirió un monitor y proyectores desde su cuenta de Mercado Libre utilizando plásticos de dos funcionarios bajo su órbita. La Justicia investiga los gastos y un presunto intento de coordinar declaraciones con un contratista.
El jefe de Gabinete adquirió un monitor y proyectores desde su cuenta de Mercado Libre utilizando plásticos de dos funcionarios bajo su órbita. La Justicia investiga los gastos y un presunto intento de coordinar declaraciones con un contratista.

Un nuevo escándalo salpica la gestión pública tras revelarse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó costosas adquisiciones de tecnología gamer a través de su cuenta personal de comercio electrónico. Lo llamativo del caso es que los pagos se ejecutaron con tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios subalternos de su propia estructura.
Las compras bajo la lupa judicial:
Monto total de tecnología: $5.848.589 invertidos en un monitor OLED y dos proyectores 4K.
Sueldo del funcionario: Los gastos superaban ampliamente los 3,5 millones de pesos que percibía en ese momento.
Efectivo bajo sospecha: Un contratista denunció reformas en su residencia por 245.929 dólares billete.
Las transacciones comerciales se llevaron a cabo durante el mes de agosto del año pasado, un período donde los montos invertidos superaban el salario neto percibido por el vocero presidencial. Según los registros oficiales, los artículos electrónicos de alta gama fueron enviados directamente a las direcciones vinculadas al jefe de ministros.
El primer movimiento financiero detectado corresponde a la adquisición de un monitor curvo de última generación, abonado mediante el plástico de Laura Daniela Schiuma. La mujer implicada se desempeña actualmente como directora general de Actividades Presidenciales, un cargo jerárquico dentro del sector de comunicación oficial.
Asimismo, la investigación patrimonial detectó la compra de dos proyectores de video profesionales pagados con dos tarjetas de crédito de Luis Enrique Aluju. Este empleado estatal ejercía funciones como coordinador de Información de Gobierno al momento en que se registraron los millonarios consumos tecnológicos.
Los informes periodísticos del diario La Nación confirmaron que ninguno de los titulares de las tarjetas pertenece a la planta permanente del Estado nacional. Ambos empleados públicos mantenían designaciones de carácter transitorio, quedando expuestos a las directivas directas emanadas por el propio Adorni en la Casa Rosada.
Las autoridades judiciales también detectaron otra operación de alta suma ejecutada en efectivo por la funcionaria Gisela Kocsis. En esa oportunidad, la mujer desembolsó más de ocho millones de pesos en un local comercial especializado en blanco y sommiers, con destino a una vivienda de fin de semana.
Los investigadores judiciales confirmaron que la documentación de compra fue hallada en el dispositivo móvil del contratista Matías Tabar. El técnico estuvo a cargo de las refacciones de la propiedad que el jefe de Gabinete posee en el exclusivo barrio cerrado Indio Cuá.
El teléfono celular del constructor se encuentra actualmente bajo un estricto análisis pericial en la fiscalía federal conducida por Gerardo Pollicita. Trascendió que el magistrado intenta determinar si existió un intento de coordinar falsos testimonios para desviar el curso de la causa penal por presunto enriquecimiento.
Los mensajes electrónicos indicarían que el funcionario nacional habría presionado al contratista para unificar versiones ante los tribunales de Comodoro Py. No obstante, el constructor rechazó la propuesta y aportó detalles precisos sobre transacciones en moneda extranjera vinculadas a las obras edilicias.
Antes de su llegada formal al Poder Ejecutivo, el actual jefe de Gabinete era reconocido en el entorno digital por sus transmisiones de streaming. El funcionario se definía públicamente como un apasionado de las plataformas de entretenimiento y coleccionista de computadoras hogareñas de las décadas pasadas.
Hasta la fecha del cierre del presente informe de prensa, el principal implicado decidió no responder las consultas de los cronistas acreditados. El hermetismo institucional domina los despachos oficiales de la jefatura, mientras avanzan las medidas de prueba de la justicia penal.
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