El presidente Javier Milei confirmó ante sus legisladores la decisión de avanzar con una reforma estructural de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa oficial apunta a derogar las modificaciones introducidas en el año 2012 bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, las cuales flexibilizaron los límites de emisión para cubrir el déficit fiscal.
Eje de la contrarreforma: El Gobierno busca eliminar el “mandato múltiple” de la entidad y volver al criterio histórico de que la misión fundamental del BCRA es preservar el valor de la moneda nacional.
El equipo económico, en coordinación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ultima los detalles de la propuesta legislativa. Aunque el mandatario archivó en el corto plazo su promesa de campaña de clausurar la entidad, la estrategia actual busca atar de manos a la autoridad de Reconquista 266 para impedir nuevos ciclos de asistencia financiera al Tesoro.
Los cambios de 2012 que abrieron el grifo de la emisión
La última gran reforma del BCRA, impulsada en 2012 por la entonces presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, reemplazó el objetivo de estabilidad monetaria por un esquema de metas múltiples. La entidad sumó las obligaciones de promover el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.
El impacto en el Artículo 3: Se diluyó la responsabilidad de contener la inflación, asumiendo tareas de crecimiento propias de otros ministerios civiles.
El impacto en el Artículo 20 (Adelantos Transitorios): Se elevaron los topes de financiamiento directo al Gobierno nacional. Antes de la reforma, estos créditos no podían superar el 12% de la base monetaria más un 10% de la recaudación fiscal.
Discrecionalidad de fondos: El kirchnerismo añadió un 10% extra con carácter “excepcional” y eliminó la obligatoriedad de usar esos adelantos exclusivamente para pagar a organismos multilaterales.
Este andamiaje normativo dio inicio a un proceso donde el Banco Central financió de forma sistemática el gasto público corriente. Para mitigar el impacto inflacionario de los pesos volcados al mercado, la entidad se vio obligada a emitir títulos de deuda propia, dando origen al crecimiento descontrolado de los pasivos remunerados.
La postura oficial frente al texto vigente
Durante sus recientes intervenciones públicas, el presidente de la Nación justificó la necesidad de la reforma cuestionando con dureza los resultados económicos de la legislación de 2012. El jefe de Estado argumentó que la multiplicidad de objetivos desvirtuó las herramientas de política económica, pavimentando el camino hacia crisis cambiarias recurrentes.
La reforma que enviará la Jefatura de Gabinete al Parlamento buscará blindar la independencia jurídica de la institución, la cual había quedado subordinada al marco de las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo en el texto kirchnerista. Los técnicos del oficialismo consideran crucial este blindaje para generar confianza y consolidar la estabilidad cambiaria de cara al mercado financiero internacional.
El debate parlamentario asoma complejo debido a que requiere modificar una ley orgánica en ambas cámaras del Congreso. Con el recambio ministerial y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada confía en articular los consensos necesarios con el bloque del PRO y los gobernadores aliados para sancionar la normativa antes del cierre del período legislativo.