El juez de Campana reclamó a su par penal económico una causa por lavado contra la cúpula de la AFA, en medio de un conflicto de competencia. La pesquisa investiga el desvío de miles de millones de pesos mediante firmas fantasma.
El juez de Campana reclamó a su par penal económico una causa por lavado contra la cúpula de la AFA, en medio de un conflicto de competencia. La pesquisa investiga el desvío de miles de millones de pesos mediante firmas fantasma.
La controversia en torno a las presuntas operaciones de lavado de activos que involucran a la directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de fricción institucional. El titular del Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, formalizó un reclamo jurisdiccional ante su colega del fuero penal económico, Diego Amarante, con el propósito de recuperar el control de los expedientes que examinan el patrimonio y las transacciones de Claudio Tapia y los colaboradores del organismo rector. Este conflicto de competencias —que ya abarca a tres juzgados federales, dos dependencias especializadas en delitos económicos y tres tribunales de alzada— se extiende por más de medio año sin lograr definir un rumbo definitivo, un letargo inusual en los pasillos de tribunales que los analistas vinculan con la enorme influencia política y económica de los involucrados en las denuncias.
Mientras González Charvay intenta unificar las causas en su circunscripción (donde fuentes del proceso sugieren que los imputados estiman contar con un escenario técnico más favorable), el juez Amarante mantiene bajo revisión los procesamientos dictados contra la cúpula de la AFA por presunta retención indebida de aportes provisionales. En este complejo tablero de reclamos cruzados, se suma una causa radicada en otro despacho que rastrea la titularidad de una propiedad en la zona de Pilar, inscripta presuntamente a nombre de personas físicas de bajos ingresos fijos que actuarían como prestanombres en beneficio de directivos de la entidad deportiva. Ante el peligro de que una acumulación de casos termine devolviendo todo el volumen de investigación al juzgado del norte bonaerense bajo el criterio de antigüedad, los despachos especializados han optado por congelar momentáneamente los pedidos de inhibición.
El origen de la última arremetida de González Charvay se localiza en una profunda denuncia surgida en Santiago del Estero, vinculada a movimientos irregulares de fondos por sumas que superan los cuatro mil novecientos millones de pesos. Los dictámenes ministeriales de esa provincia daban cuenta de transferencias efectuadas por el Estado local y la propia asociación hacia firmas de seguridad ligadas estrechamente al tesorero Pablo Toviggino, cuyos montos excedían drásticamente las licitaciones públicas otorgadas. A pesar de los pedidos de captura iniciales y de la descripción detallada de una presunta asociación ilícita orientada al desvío de capitales institucionales, la causa fue desestimada con premura en la jurisdicción norteña por el magistrado Sebastián Argibay, quien posteriormente fue recusado por supuestos lazos familiares en transacciones vinculadas y cuyo desplazamiento terminó delegando la carpeta en Campana tras el desistimiento de un fiscal de cámara.
A este complejo entramado de transferencias interprovinciales se añade una presentación paralela motorizada por un agente de futbolistas, la cual cobró impulso internacional gracias a un mecanismo de recolección de pruebas proveniente de los tribunales de los Estados Unidos. Dicha acusación detalla un circuito financiero internacional donde fondos generados en territorio norteamericano y europeo habrían sido triangulados mediante agencias fantasma y financieras con sede en el distrito bancario de Buenos Aires, retornando el efectivo a departamentos particulares o a la propia sede de la calle Viamonte. El expediente penal económico cuenta ahora con la intervención del área especializada de la Procelac y una nueva conducción fiscal, lo que eleva el perfil de la contienda judicial por el destino definitivo de estas causas de alta sensibilidad corporativa.
El expresidente de ARSAT, Facundo Leal, se presentó en los tribunales de San Isidro para prestar declaración indagatoria ante el juez Lino Mirabelli. Se lo investiga por presuntos sobornos y fraude estatal, en paralelo a una causa por estupefacientes.
El presidente Javier Milei encabeza una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza. El objetivo es alinear la estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año e impulsar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
Las selecciones de Francia y España se enfrentarán este martes en un partido correspondiente a la semifinal del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el cual ambos buscarán quedarse con una victoria que les permita ser uno de los finalistas del certamen.
Tras vencer a Suiza, la Selección Argentina ultima detalles en Kansas City antes de viajar a Atlanta. Lionel Scaloni evalúa tres variantes tácticas para la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, buscando equilibrar el poderío ofensivo y corregir los desacoples defensivos.
Las estimaciones privadas ubican la suba de precios de julio entre el 1,8% y el 2,1%. Pese a los aumentos en transporte, tarifas y el turismo estacional, la desaceleración en alimentos permite sostener la estabilidad del índice general.
Una profunda transformación en la dieta de los argentinos consolida un cambio histórico en la mesa familiar. Impulsados por el poder adquisitivo y la búsqueda de practicidad, el pollo y el cerdo le ganan terreno a los tradicionales cortes vacunos.
Gustavo Petro prohibió que su sucesor, Abelardo De la Espriella, asuma el cargo en una base militar, alegando que la ley exige jurar ante el Congreso. El mandatario defendió la Constitución y recordó que liderará las fuerzas armadas hasta agosto.
Habitantes de Córdoba se movilizan ante la falta de leche en polvo en centros de salud. El municipio delega la responsabilidad al gobierno provincial, mientras que este último garantiza la alimentación escolar y argumenta una auditoría en los padrones de beneficiarios.
