Casa Blanca: Washington impulsa el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional

El Gobierno estadounidense, bajo la gestión de Marco Rubio, inició una campaña diplomática para desmantelar la Corte Penal Internacional. Washington impondrá sanciones a los funcionarios del tribunal y presionará a sus aliados para que retiren su apoyo a dicho organismo.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto NA

La administración estadounidense oficializó una agresiva estrategia de presión exterior orientada a neutralizar las facultades de la Corte Penal Internacional (CPI). El responsable de las relaciones exteriores de la Casa Blanca, Marco Rubio, fundamentó esta iniciativa señalando que la entidad judicial de La Haya interfiere de manera directa en las prerrogativas de defensa de su país, pretendiendo fiscalizar a soldados y representantes gubernamentales en el cumplimiento de sus funciones operativas. De acuerdo con la visión del Departamento de Estado, el tribunal multilateral ejerce una presión indebida que compromete la autonomía jurídica de Washington a través de la aplicación de marcos de derecho internacional no reconocidos por el gobierno norteamericano.

Cabe destacar que el país norteamericano no forma parte de las naciones firmantes del Estatuto de Roma, instrumento que dio origen a la CPI. Las fricciones entre Washington y el tribunal se agudizaron debido a las pesquisas iniciadas por la Fiscalía de La Haya en torno a posibles abusos en teatros de operaciones como Afganistán, así como por las actuaciones dirigidas hacia altos cargos del gobierno de Israel, el principal socio estratégico de la Casa Blanca en Medio Oriente.

El nuevo programa de acción promovido por el Departamento de Estado contempla la aplicación de penalidades directas sobre los integrantes del tribunal y sus entes de soporte técnico, incluyendo la revocación de visados y la inmovilización de activos. De forma complementaria, el plan delineado por la gestión de Donald Trump establece un esquema de condicionamientos para los países socios, particularmente aquellos que reciben respaldo militar o asistencia económica por parte de los Estados Unidos. Se prevé que las misiones consulares norteamericanas convoquen a las representaciones extranjeras para instarlas formalmente a romper vínculos con el organismo de justicia internacional.

En una publicación editorial difundida en la prensa especializada en finanzas, el jefe de la diplomacia norteamericana ratificó la determinación de su gobierno de socavar los pilares institucionales del tribunal de forma progresiva, acusando a la corte de pretender funcionar como una autoridad planetaria exenta de controles externos. Las nuevas directrices sugieren además un seguimiento pormenorizado de los flujos de ayuda hacia los estados que decidan mantener su cooperación con el tribunal, sugiriendo que la continuidad de esos programas de fomento estará supeditada a su alineación con la política exterior estadounidense.

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