Un operativo de ICE en Maine resultó en la muerte de un colombiano de 26 años con permiso laboral. La agencia alegó legítima defensa ante un intento de atropello, pero el hecho provocó protestas locales y una investigación del FBI.
Un operativo de ICE en Maine resultó en la muerte de un colombiano de 26 años con permiso laboral. La agencia alegó legítima defensa ante un intento de atropello, pero el hecho provocó protestas locales y una investigación del FBI.

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) culminó con la muerte de un ciudadano de origen colombiano en la localidad de Biddeford. El episodio, bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), generó una inmediata conmoción en la opinión pública local tras confirmarse que se trata del segundo incidente con consecuencias fatales que involucra a personal de fronteras en menos de una semana. Agrupaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y la organización Presente, identificaron a la víctima como un joven de 26 años que disponía de credenciales habilitantes para trabajar en territorio estadounidense y cobertura de seguridad social activa.
La versión inicial provista por las esferas de seguridad gubernamentales, transmitida por legisladores federales tras mantener contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que los uniformados abrieron fuego debido a que el conductor del automóvil bajo seguimiento intentó embestir a los agentes, transformando la unidad de transporte en un elemento ofensivo. Las autoridades informaron que sobre el implicado pesaba una orden administrativa de expulsión del país. No obstante, activistas sociales manifestaron su consternación ante la reiteración de justificaciones oficiales basadas en presuntos intentos de atropello y cuestionaron que el personal interviniente careciera de cámaras de registro corporal para auditar el procedimiento de manera transparente.
Este desenlace se suma a una secuencia de procedimientos controversiales que han encendido las alarmas de organismos de derechos civiles en diversos puntos del país. Apenas días atrás, un operativo en la periferia de Houston, Texas, derivó en la muerte de un ciudadano de nacionalidad mexicana que se dirigía a su jornada laboral, un hecho que la versión oficial atribuyó originalmente a una amenaza inminente para los oficiales, pero que testimonios posteriores desestimaron, revelando un presunto error de identificación por parte del personal de aduanas. Los índices de letalidad asociados a las intervenciones en la vía pública y los decesos en centros de detención provisorios registran una tendencia al alza que preocupa a legisladores de la oposición y asambleas comunitarias.
La reacción institucional en Maine no tardó en manifestarse. La mandataria provincial, Janet Mills, comunicó que la policía del distrito colabora activamente con los peritos forenses y la fiscalía general para delimitar la secuencia de los hechos. Testigos presenciales de la zona comercial donde se desató la balacera relataron haber observado maniobras de cerco vehicular por parte de las unidades federales y múltiples impactos de proyectil en el parabrisas del auto involucrado. Ante la gravedad del suceso, colectivos de activistas locales convocaron a concentraciones y asambleas públicas en espacios recreativos de la ciudad costera con el propósito de manifestar su rechazo a las directivas de seguridad implementadas y exigir un esclarecimiento riguroso del caso.
YPF Luz inició trámites ante la SEC estadounidense para cotizar acciones en Nueva York y Buenos Aires. La operación, coordinada por bancos internacionales, consistirá en la venta de la participación del socio minoritario BNR, consolidando el control de YPF.
Carlos Pagni examina la compleja posición de Javier Milei en un escenario cruzado por la geopolítica internacional, el malestar socioeconómico y una descarnada interna palaciega. A partir de allí, desglosa los tres grandes frentes que amenazan la estabilidad oficialista.
La industria argentina muestra una realidad dual: sus exportaciones crecieron un 13% favorecidas por la quita de retenciones, mientras que la producción doméstica cayó un 3,1% debido a la fuerte debilidad del consumo interno y el alza de costos energéticos.
El Gobierno argentino removió a Alejandro Nimo de su cargo comercial en la embajada en España mediante decreto. Su destitución ocurre tras meses de duros enfrentamientos públicos con el embajador Wenceslao Bunge y reclamos por falta de austeridad estatal.
El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou reaparecerá el 9 de agosto para el 190° aniversario del Partido Nacional. En medio del desgaste del gobierno de Orsi, se espera un discurso de estadista que reorganice a la oposición hacia 2029.
La Justicia Federal rechazó frenar el peritaje de voz a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. El juez determinó que recolectar un patrón biométrico no viola la garantía contra la autoincriminación y ordenó continuar la prueba en la causa por presuntas coimas.
El histórico tratado minero argentino-chileno se reactivó en Buenos Aires para evaluar proyectos de cobre en San Juan. El acuerdo de casi tres décadas aprovecha los yacimientos de un país y la infraestructura portuaria del otro, afrontando disparidades competitivas locales.
El Banco Central intervino fuertemente en julio con más de 1.000 millones de dólares en futuros y bonos para estabilizar el dólar. Esta estrategia busca mitigar las expectativas de devaluación e incentivar la liquidación de divisas del sector agroexportador argentino.