Diputados y senadores convocaron a Cristian Auguadra para fines de agosto. El titular de la SIDE deberá explicar las reformas del DNU 941/2025 y responder por las sospechas de espionaje que involucran a un exfuncionario de ARSAT.
Diputados y senadores convocaron a Cristian Auguadra para fines de agosto. El titular de la SIDE deberá explicar las reformas del DNU 941/2025 y responder por las sospechas de espionaje que involucran a un exfuncionario de ARSAT.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia resolvió citar para fines de agosto al secretario de Inteligencia de Estado, el contador Cristian Auguadra.
El encuentro parlamentario, realizado a puertas cerradas en el edificio de la ex Caja de Ahorro, representó el debut del diputado nacional de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, como presidente del cuerpo de control.
Durante el debate de la comisión, los legisladores acordaron requerir la presencia de la máxima autoridad de la SIDE para que brinde explicaciones sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 (DNU 941/2025).
Dicha normativa, publicada el dos de enero de este año, reformuló la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y otorgó facultades de aprehensión a los agentes en situaciones de flagrancia o por orden judicial, además de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en el área de seguridad interior.
Paralelamente, la convocatoria legislativa se produce en un marco de reordenamiento interno dentro del oficialismo. El ascenso de Pareja, referente cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, generó rispideces con el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien reclamaba la conducción de la comisión.
Asimismo, el titular de la SIDE, que asumió su cargo en reemplazo de Sergio Neiffert bajo el auspicio del asesor presidencial Santiago Caputo, deberá responder por el rechazo previo que el Congreso dictó sobre el Plan de Inteligencia Nacional.
Por otra parte, la comisión parlamentaria dio curso a dos solicitudes de informes presentadas por el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade. La primera de ellas requiere enviar un oficio al juez federal Lino Mirabelli para acceder a las pericias del equipamiento de espionaje secuestrado en el domicilio de Facundo Leal, expresidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
En los allanamientos policiales al exfuncionario, imputado por presuntas coimas, se incautaron 2,4 millones de dólares y diecinueve dispositivos de vigilancia profesional.
Con respecto al segundo requerimiento, el peronismo solicitó explicaciones al Ministerio de Seguridad por la designación de Miguel Gómez Goldin en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Los legisladores advirtieron que el nombramiento del funcionario en reemplazo de Marcelo Romero aún no fue publicado formalmente en el Boletín Oficial.
Finalmente, el reinicio de las actividades de control legislativo abre un periodo de análisis sobre los límites de las reformas de inteligencia implementadas por el Poder Ejecutivo.
Tras las impugnaciones judiciales desestimadas en los tribunales, la discusión parlamentaria se trasladará al Congreso para determinar la viabilidad de las nuevas atribuciones operativas de los servicios de información. ¿Logrará el Poder Legislativo ejercer un control efectivo sobre las reformas de inteligencia en medio de las tensiones políticas de la coalición gubernamental?
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