Nicaragua postergó el dictamen para proscribir a la oposición en las urnas

Nicaragua pospuso para septiembre el tratamiento parlamentario de la reforma constitucional que busca proscribir a las fuerzas opositoras en las elecciones. La medida, impulsada por el régimen de Daniel Ortega, genera un fuerte rechazo en la comunidad internacional.

Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua

El Poder Ejecutivo de Nicaragua, liderado por la dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió trasladar hacia el noveno mes del año el tratamiento parlamentario del proyecto de modificación a la Carta Magna orientado a vetar la participación de agrupaciones disidentes en las contiendas comiciales. La novedad fue difundida por la propia vicepresidenta a través de los canales de comunicación estatales, tras completarse las exposiciones informativas iniciales frente a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en la nación centroamericana.

El texto en elaboración por la comisión legislativa busca adecuar el marco normativo para inhabilitar legalmente a cualquier fuerza crítica de la gestión oficialista, bajo acusaciones relativas a presuntos vínculos con intereses extranjeros o intentos de desestabilización. Sin embargo, el avance de esta iniciativa desató duras advertencias por parte de diversos organismos internacionales y gobiernos de la región, que denuncian una intensificación del sesgo autoritario a medida que el régimen consolida casi dos décadas consecutivas en el ejercicio del mando.

La dilación de los plazos de debate parlamentario coincide con una fase de aislamiento diplomático pronunciado para el oficialismo. La concentración del control institucional sobre el aparato judicial y el tribunal electoral ha permitido al binomio presidencial neutralizar progresivamente el espacio político opositor, especialmente desde las manifestaciones sociales de 2018, cuya respuesta estatal dejó un saldo de cientos de víctimas fatales según registros de entidades defensoras de derechos humanos.

Con el cronograma pospuesto para finales del tercer trimestre, el trámite del dictamen continuará dentro de una Asamblea Nacional alineada de forma unánime con la conducción gubernamental. La eventual ratificación del proyecto consolidaría de forma definitiva un modelo de hegemonía electoral sin competencia disidente en el territorio nicaragüense.

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