La Fiscalía de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de una denuncia por los bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante 53 días entre mayo y junio.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma, a quien investiga por presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad del Estado, terrorismo e instigación pública a delinquir.
La disposición judicial, oficializada por la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, se enmarca en las denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno tras los 53 días de bloqueos viales registrados entre mayo y junio.
El requerimiento fiscal, amparado en el artículo 226 de la Ley 1970, abarca también las figuras de asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
Las investigaciones buscan establecer responsabilidades sobre la convocatoria, organización y consecuencias económicas de los cercos que afectaron principalmente a las carreteras de La Paz, Oruro y Cochabamba.
Las movilizaciones fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana, la Federación de Campesinos Túpac Katari y agrupaciones afines al exjefe de Estado. Durante las siete semanas de medidas de fuerza, el corte de rutas generó desabastecimiento de alimentos, combustibles y suministros médicos.
Reportes de la Defensoría del Pueblo señalaron 22 personas fallecidas en el contexto de los conflictos, mientras que balances gubernamentales cuantificaron las pérdidas económicas en más de 3.000 millones de dólares.
El conflicto vial concluyó tras el decreto de estado de excepción promulgado el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Paralelamente, el proceso penal incluye a otros dirigentes sindicales, entre ellos el máximo representante de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva desde el 6 de julio. Desde el Ejecutivo nacional, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que las protestas respondían a un intento de desestabilización política.
El exmandatario rechazó las acusaciones a través de sus canales oficiales y aseguró que la medida judicial busca desviar la atención pública de la situación económica nacional. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, manifestó el dirigente, quien negó haber promovido la dimisión del jefe de Estado, aunque el 24 de mayo planteó en sus redes sociales convocar a elecciones en un plazo de 90 días o militarizar el país.
Actualmente, el exjefe de Estado permanece en el Trópico de Cochabamba bajo la custodia de federaciones sindicales locales. Esta disposición del Ministerio Público constituye la segunda orden de captura emitida en su contra, sumada a la causa abierta en Tarija por supuesta trata y tráfico de personas, proceso en el cual fue declarado en rebeldía tras no presentarse a declarar.
El avance de las diligencias judiciales y la eventual ejecución de la orden en el Trópico de Cochabamba reabren el debate sobre el equilibrio entre el juzgamiento de responsabilidades penales y la preservación de la paz social en una nación marcada por la polarización. ¿Lograrán los tribunales hacer cumplir las disposiciones legales en un contexto de alta tensión territorial y política?
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