La pobreza subió al 30% y la indigencia al 6,5% en el primer trimestre, interrumpiendo la tendencia a la baja. El aumento de tarifas y la precarización laboral impulsaron este deterioro, que suma 800.000 nuevos pobres según especialistas.
La pobreza subió al 30% y la indigencia al 6,5% en el primer trimestre, interrumpiendo la tendencia a la baja. El aumento de tarifas y la precarización laboral impulsaron este deterioro, que suma 800.000 nuevos pobres según especialistas.
Las últimas cifras derivadas de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el organismo oficial de estadística mostraron una interrupción en el proceso de contracción de los niveles de vulnerabilidad social. Durante el primer tramo del año, la proporción de personas con insuficiencia de recursos alcanzó el treinta por ciento, en tanto que el segmento en situación extrema se ubicó en seis coma cinco por ciento, registrando un leve deterioro en comparación con las mediciones de la segunda mitad del período previo.
Diversos analistas vinculados a centros de estudio económico y académico coinciden en que el fenómeno refleja el fin del ciclo de recuperación previa. Las estimaciones privadas anticipan que esta dinámica desfavorable podría haberse profundizado en el trimestre subsiguiente debido al impacto del costo de vida sobre las economías familiares, sumando cientos de miles de ciudadanos a la condición de vulnerabilidad urbana.
El repunte en las mediciones responde fundamentalmente al reajuste en los valores de las prestaciones reguladas —como los suministros energéticos, el transporte público y el agua—, los cuales absorbieron una porción mayor del presupuesto de los hogares. Esta presión tarifaria, combinada con una proliferación de ocupaciones no registradas o de corta duración, debilitó la capacidad adquisitiva de los sectores con menores ingresos.
Al mismo tiempo, los relevamientos estadísticos evidencian una acentuación en las carencias estructurales de la población afectada. Se observa una creciente dificultad en la cobertura de salud privada o sindical y una persistente falta de prestaciones sanitarias y energéticas en las viviendas, lo que consolida un deterioro sustancial en las condiciones de vida de las familias de menores recursos.
La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
La justicia hondureña concedió la libertad condicional al expresidente Juan Orlando Hernández, quien solo tendrá prohibido salir del país. Enfrenta cargos por el presunto desvío de diez millones de dólares públicos para financiar su campaña electoral de 2013.
Alejandro Toledo, encarcelado por corrupción a sus 81 años y con un delicado estado de salud, solicitó un indulto humanitario a la presidenta Keiko Fujimori. La decisión final sobre su excarcelación reaviva una histórica rivalidad política en Perú.
La recaudación de julio alcanzó $22,9 billones con una leve suba real del 1,2%, impulsada por el vencimiento extraordinario de Ganancias. Sin embargo, cayeron tributos clave como las retenciones al comercio exterior, las importaciones y las cargas previsionales.
Diversos países de América Latina delegan la seguridad pública en las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia genera vulneraciones a los derechos humanos y desvirtúa la función civil de la policía.
El gobernador Hugo Passalacqua renunció al partido de Carlos Rovira, consolidando la ruptura del oficialismo en Misiones. El mandatario proyecta competir con un sello propio en 2027 debido a sus profundas diferencias sobre la relación con el Gobierno nacional.
El sindicalista Facundo Moyano fue aprehendido por la policía en Belgrano tras perseguir en la vía pública a una mujer que salió desnuda de un edificio durante la madrugada. Las autoridades judiciales investigan las causas del altercado.
Claudio “Chiqui” Tapia solicitó acceso a la causa que investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero. La AFA evalúa ser querellante al considerar que las operaciones irregulares con futbolistas perjudicaron sus ingresos económicos.
