Trump firmó un nuevo decreto para restringir el derecho a la nacionalidad

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento y frenar el “turismo de maternidad”. Pese al previo rechazo del Tribunal Supremo, la Casa Blanca insiste en restringir este derecho constitucional a ciertos sectores extranjeros.

Trump. Foto: Jacquelyn Martin.

Ajuste normativo sobre la enmienda constitucional y alcance de la medida

La administración encabezada por Donald Trump emitió una disposición ejecutiva que procura bloquear el acceso a la nacionalidad automática para bebés nacidos en suelo norteamericano. El mandatario justificó la acción gubernamental bajo el argumento de combatir los viajes organizados por mujeres gestantes que buscan la condición de nacionales para su descendencia. La iniciativa surge tras un dictamen adverso de la máxima instancia judicial del país, tribunal que meses atrás desestimó un intento previo por considerar que la protección legal vigente ampara a todo hijo de residentes, independientemente de su estatus migratorio.

Frente a aquel pronunciamiento judicial, el equipo legal de la presidencia argumenta la existencia de resquicios legales para excluir a descendientes de diplomáticos, visitantes en viajes de maternidad, integrantes de grupos calificados como peligrosos e individuos nacidos en territorios no incorporados. De este modo, la gestión insiste en la reinterpretación de los preceptos constitucionales fijados a mediados del siglo XIX, alegando que la normativa original fue concebida con un propósito histórico diferente.

Argumentos del gabinete y proyecciones del fallo judicial

Desde la asesoría senior de la Casa Blanca, representada por Stephen Miller, se enfatizó que el nuevo texto normativo impedirá la asignación de la ciudadanía a descendientes de agentes extranjeros o integrantes de agrupaciones catalogadas como amenazas externas. De acuerdo con las estimaciones presentadas por los promotores de la norma, la reglamentación buscará frenar la concesión del estatus legal a cientos de miles de menores al año, reduciendo la cobertura de beneficios estatales.

Pese a las objeciones constitucionales señaladas por diversos sectores jurídicos sobre la validez de alterar la enmienda por vía administrativa, el Ejecutivo estadounidense avanza en la implementación de esta agenda restrictiva, la cual formó parte de los compromisos centrales asumidos al inicio de la presente gestión presidencial.

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