El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años de prisión para la banda policial y civil que fraguó el histórico caso “Leones Blancos” y extorsionó a narcotraficantes.
El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años de prisión para la banda policial y civil que fraguó el histórico caso “Leones Blancos” y extorsionó a narcotraficantes.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín dictó condenas de hasta 17 años de prisión para 19 expolicías bonaerenses y seis civiles —entre ellos dos abogados— tras comprobarse su articulación en una red delictiva que fraguaba operativos antitráfico para apoderarse de cargamentos de droga y reinsertarlos en el mercado ilegal.
El eje central del juzgamiento radicó en el operativo conocido como “Leones Blancos”, montado en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno correspondiente al clan Loza.
Allí, efectivos de la Delegación Quilmes simularon un procedimiento legal para sustraer cerca de media tonelada de cocaína valuada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, la cual fue posteriormente trasladada a Santa Clara del Mar para su comercialización en la costa bonaerense y el exterior.
Durante el alegato de cuatro jornadas, los fiscales generales remarcaron la gravedad del entramado institucional, subrayando que “no se estaba frente a un simple caso de policías corruptos ni ante irregularidades aisladas, sino a prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo”.
Además del desvío de estupefacientes, el debate expuso la operatoria en causas como “Bustamante”, “Acosta”, “Basaldúa” y “Santellán”, donde se acreditó el cobro de coimas, extorsiones directas y el invento de actuaciones judiciales. Las máximas penas recayeron sobre el comisario Roberto Adrián Okurzaty (17 años de prisión) y altos mandos de delegaciones antidrogas de Quilmes, San Isidro y San Miguel.
En su acusación, la fiscalía enfatizó cómo la fuerza utilizó sus facultades para “intervenir activamente en ese mercado ilegal, controlar territorios, seleccionar a quién perseguir y a quién permitir continuar operando y obtener beneficios económicos de esas maniobras”. Asimismo, se requirió remitir actuaciones para profundizar la investigación sobre la actuación del destituido fiscal provincial Claudio Scapolan.
El debate oral se extendió por casi dos años debido a la complejidad de las pruebas y la cantidad de acusados. El Ministerio Público Fiscal remarcó que este tipo de investigaciones “desbordan los moldes tradicionales del procedimiento penal y requieren planificación, coordinación de agendas, organización de la prueba y soluciones prácticas”.
El tribunal dispuso notificar el veredicto a los Ministerios de Seguridad nacional y provincial para impulsar reformas que impidan la repetición de estas prácticas.
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