Luis Betnaza y Héctor Zabaleta se presentan como testigos ante el TOF 7 para detallar las gestiones realizadas ante el gobierno kirchnerista durante la estatización en Venezuela.
Luis Betnaza y Héctor Zabaleta se presentan como testigos ante el TOF 7 para detallar las gestiones realizadas ante el gobierno kirchnerista durante la estatización en Venezuela.
El juicio oral por la denominada causa de los “cuadernos de la corrupción”, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entra en una fase decisiva de declaraciones testimoniales. Este martes, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) citó a declarar en calidad de testigos a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, dos exdirectivos de alto rango del grupo Techint. A diferencia de sus intervenciones judiciales previas, ambas figuras deberán responder a las preguntas de los jueces y querellantes bajo juramento de decir verdad, expuestos a las penas previstas para el delito de falso testimonio.
Betnaza, quien se desempeñó como director institucional del holding que encabeza Paolo Rocca, y Zabaleta, exdirector de administración, estuvieron inicialmente procesados en el expediente que investigó el entramado de presuntos sobornos. Sin embargo, en 2021 fueron sobreseídos por la Justicia Federal antes de la elevación del caso a juicio oral, misma suerte que obtuvo el propio Rocca. La citación actual responde a la necesidad del tribunal de profundizar sobre los hechos asentados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien registró al menos nueve visitas a las sedes del conglomerado empresarial en la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2008.
Los pagos admitidos y el antecedente en la indagatoria
El testimonio de ambos exejecutivos resulta clave para reconstruir el capítulo del expediente referido al cobro de fondos a grandes empresas de la obra pública y el sector industrial. Durante sus declaraciones indagatorias prestadas en 2018 ante el fallecido juez Claudio Bonadio, Betnaza y Zabaleta reconocieron la entrega de sumas de dinero a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio De Vido.
En aquel entonces, en el marco de una declaración de defensa que no exigía veracidad bajo juramento, Betnaza detalló haber instruido a Zabaleta para concretar el pago de “contribuciones” exigidas por el gobierno argentino. Según su relato original, se trataba de diez entregas de 100.000 dólares cada una —completando una cifra estimada en un millón de dólares— dirigidas a Roberto Baratta, por entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la cartera de Planificación. El objetivo manifestado por los empresarios era lograr que las autoridades argentinas intercedieran ante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para evitar la expropiación o, en su defecto, acordar una compensación económica justa por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR.
El argumento del desamparo y las razones humanitarias
El fallo judicial que dictó el sobreseimiento de los ejecutivos en 2021 reconoció la existencia efectiva de las entregas de dinero, pero encuadró el accionar del grupo empresarial dentro de una situación de emergencia extrema y coerción. La Justicia concluyó que los desembolsos se realizaron bajo un contexto de necesidad y por “razones humanitarias”, ante la imperiosa urgencia del holding de garantizar la seguridad e integridad física del personal argentino que se encontraba trabajando en el país caribeño.
Durante el proceso de estatización de la siderúrgica, unos cien empleados de Techint y sus familias enfrentaron severas dificultades para abandonar el territorio venezolano en medio del clima de hostilidad política. Según la postura de la defensa aceptada en su momento por los tribunales, los pagos respondieron al intento de destrabar el salvoconducto y la logística necesaria para el regreso definitivo del personal al país.
Avances de las testimoniales ante el tribunal
La presentación de Betnaza y Zabaleta se suma a las recientes declaraciones de otros referentes del grupo industrial. La semana pasada, el ejecutivo Pablo Brizzio confirmó ante los jueces del TOF 7 que existieron intensas gestiones diplomáticas y políticas con el Poder Ejecutivo argentino para destrabar el conflicto en Venezuela, mencionando la participación de José María Olazagasti, exsecretario privado de De Vido. No obstante, Brizzio sostuvo bajo juramento que no le constaba la existencia de pedidos ilegales de dinero.
Con la apertura de la audiencia de este martes, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, dará inicio formal al interrogatorio recordando a los expromotores del acuerdo el alcance legal del juramento prestado. Su testimonio permitirá evaluar si los pagos registrados por Centeno encuadran en el esquema de exigencias ilegales atribuidas a la cúpula del Ministerio de Planificación o si se trataba de desembolsos supeditados a la mediación del Estado nacional en el exterior.
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