Bolivia eliminó el subsidio al diésel e incrementó un 84% su valor para grandes usuarios

Bolivia aumentó casi un 84% el diésel para grandes consumidores tras eliminar los subsidios estatales. La medida busca frenar el déficit fiscal, combatir el contrabando y normalizar el desabastecimiento que genera interminables filas en las estaciones de servicio.

Rodrigo Paz, actual presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

Nuevos valores y actualización vinculada al mercado externo

La administración encabezada por Rodrigo Paz dispuso un incremento cercano al 84% en la tarifa del combustible diésel para aquellos usuarios cuyos consumos superen los 120 litros cada mes. La normativa oficial cancela definitivamente la asistencia estatal en los precios para segmentos industriales como la minería, la producción agropecuaria y el flete de carga pesada. Con esta regulación, el valor de venta experimentará revisiones periódicas cada cinco jornadas en función de las fluctuaciones de la cotización global, marcando el fin de dos décadas de tarifas fijas.

Desde el gabinete nacional argumentaron que la medida resulta indispensable para frenar el desgaste de las arcas públicas y de las reservas monetarias, impactadas tras años de importación de carburantes. Las autoridades señalaron además que los conflictos armados en Oriente Medio y los costos derivados de la logística internacional presionaron sobre los insumos energéticos, mientras el resto de la población mantendrá de momento los precios previos en la gasolina y en los consumos menores.

Escasez en estaciones y reestructuración de la petrolera pública

La decisión busca paliar el desabastecimiento crónico que genera interminables filas de vehículos en los surtidores de todo el territorio boliviano, afectando la transitabilidad vial y el flujo de la producción interna. En paralelo con la autorización otorgada a empresas privadas para comprar hidrocarburos en el exterior, el Gobierno procura combatir la reventa ilegal en zonas fronterizas, actividad señalada como causa de cuantiosas pérdidas económicas e irregularidades en el suministro.

En el plano institucional, las autoridades proyectan un cambio profundo en el funcionamiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Tras la apertura de causas judiciales contra exfuncionarios del área energética y sucesivos recambios en la conducción de la firma estatal, la gestión actual prevé retirar a la compañía del ámbito de la distribución comercial para reorientar los esfuerzos del sector hacia la exploración de yacimientos.

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