Escondido detrás de una reja frente a la estación de trenes, un edificio en cul-de-sac representa la transición entre el conventillo y la vivienda colectiva moderna. Más de un siglo de historia porteña, arquitectura higienista y vida comunitaria resguardados en un oasis urbano.
El intento de homicidio contra Nadia Beller, abogada y pareja del exasesor político argentino Fernando Cerimedo, sumó un capítulo estremecedor en Bolivia. A través de un video difundido desde la clandestinidad, Aldo Silva Peña, alias “Juancho”, uno de los presuntos sicarios identificados por la Policía boliviana, admitió su participación en el atentado ejecutado el pasado 17 de agosto en la vereda de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, su testimonio dio un giro inesperado a la investigación al sostener que la intención original no era asesinar a la mujer, sino mandarle “un susto”, y que el verdadero blanco de la operación era “una personalidad gaucha, argentina”.
En su declaración, Silva Peña —de nacionalidad colombiana— intentó desvincularse de la autoría material directa. Aseguró que no fue quien disparó la pistola ni el encargado de conducir la motocicleta utilizada durante la emboscada. Según su versión, el plan encomendado consistía únicamente en amedrentar a Beller y despojarla de su cartera. “La intención no era, después que estuviera en el piso, rematarla”, aseveró el sospechoso, remarcando que el objetivo de fondo apuntaba hacia la figura del propio Cerimedo, aunque sin nombrarlo de forma explícita en la grabación.
La decisión de hacer pública su versión responde, según sus palabras, a un intento desesperado por resguardar su vida. Silva Peña afirmó que la cúpula que financió el atentado busca silenciarlo antes de que pueda prestar testimonio ante las autoridades judiciales o los medios de comunicación. “Obviamente, las personas que me contrataron en estos momentos me quieren matar, me quieren callar”, denunció en el video, al tiempo que solicitó “garantías de seguridad” para entregarse a la justicia.
En su relato, el presunto sicario expuso una compleja estructura jerárquica detrás del ataque. Detalló que por encima de su rol operativo existían tres personas que financiaron la logística, señalando a un hombre apodado “Toño”, quien presuntamente trabajaría en la Gobernación de Cochabamba. Asimismo, mencionó a un sujeto identificado como “el Chino”, encargado de coordinar tareas de inteligencia sobre los movimientos de Beller y de trasladar sumas de dinero en efectivo en la localidad de Bulo Bulo. Según el imputado, los ideólogos de la operación reúnen a figuras que “tienen bastante poder y bastantes hilos políticos”.
Las revelaciones de Silva Peña se producen mientras la Policía de Bolivia avanza con detenciones clave. Las autoridades identificaron formalmente a “Juancho” junto a E. D. J., alias “Don Fiti”, como los ejecutores directos de la logística. En simultáneo, permanecen bajo prisión preventiva Paola A. V. A., pareja de Silva Peña, y Roger A. C., acusado de haber proporcionado el arma de fuego utilizada en la emboscada. A estas medidas se suma la emisión de una orden de captura internacional contra una exfuncionaria de la Aduana boliviana, presuntamente ligada al engranaje logístico.
Por su parte, Fernando Cerimedo continúa detenido en la cárcel de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz. El equipo legal del exasesor, encabezado por el abogado José Raúl Vega, mantiene una ardua batalla judicial para frenar su inminente traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz. La defensa argumenta que el estresante cuadro judicial y las severas amenazas contra su entorno minaron su salud, requiriendo asistencia médica permanente por episodios severos de presión alta, lo que vuelve riesgoso un traslado a la altura de la capital boliviana en medio de un clima de máxima tensión.
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