En una sesión en el Senado, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó que parte de las reservas en oro fueron trasladadas en 2024 al Banco Internacional de Pagos (BIS), en Suiza, y defendió la reforma de la Carta Orgánica para limitar el financiamiento al Tesoro.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, confirmó este miércoles ante comisiones del Senado que una porción de las reservas en oro de la entidad fue trasladada en 2024 y depositada en el Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea, Suiza.
La aclaración llegó en medio de la defensa del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que ya tiene media sanción de Diputados y busca concentrar la misión del organismo en la preservación del valor de la moneda.
La exposición se dio en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, donde Bausili y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, expusieron los fundamentos de la reforma y enfrentaron preguntas de la oposición sobre el manejo de las reservas.
En ese sentido, a senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) reclamó información sobre el paradero de 13 toneladas de oro y advirtió que podría presentar una denuncia penal si no se respondía el pedido de acceso a la información pública formulado dos años atrás.
Bausili explicó que el oro forma parte de las reservas internacionales y que cierta información sobre posiciones financieras se resguarda para evitar que otros agentes operen en contra del Banco Central, lo que encarecería y dificultaría las transacciones. Por ese motivo, según el funcionario, algunos datos se publican con rezago, aunque están disponibles para los organismos de control.
El titular del BCRA detalló que la entidad maneja dos tipos de tenencias en oro: una parte física, depositada en las bóvedas del organismo, y otra porción depositada en el BIS. En 2024, en un contexto de alta demanda por lingotes, se aprovechó una “ventana de oportunidad” para convertir oro de calidad más baja, fundido en décadas anteriores, en oro de mayor calidad y aceptación en el mercado. Ese metal fue trasladado y depositado en el BIS, en Suiza, “donde sigue estando”, afirmó Bausili.
El funcionario sostuvo que los movimientos están documentados, registrados y auditados. Mencionó que las auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la consultora internacional PwC sobre los balances de 2023, 2024 y 2025 fueron “sin comentarios”. También recordó que, según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024, las reservas en oro equivalían a US$ 4.981 millones.
Bausili defendió el proyecto como una iniciativa “disparada por argumentos económicos” y no por motivaciones políticas. Según explicó, la reforma busca eliminar el financiamiento directo en pesos al Tesoro, como los Adelantos Transitorios incorporados en 2002, que “resultaron ser permanentes”.
También propone acotar qué constituye una utilidad distribuible al Tesoro, dificultar la remoción de autoridades del BCRA y cerrar el acceso del Tesoro a las reservas mediante Letras Intransferibles (LI).
El objetivo central, según el funcionario, es concentrar la misión del BCRA en la preservación del valor de la moneda, en lugar de los cinco objetivos vigentes desde 2012: estabilidad de precios, empleo, crecimiento, sistema financiero y equidad.
Bausili argumentó que esa multiplicidad de metas, con una sola herramienta (la política monetaria), dificultó cumplir siquiera el primer objetivo. En ese marco, señaló que la economía argentina no crece desde 2011, que el empleo formal está estancado y que la informalidad fue “lo único que crece en los últimos 15 años”, con pobreza cercana al 50% en 2023.
Werning, por su parte, afirmó que el vínculo financiero entre el BCRA y el Tesoro generó un “daño patrimonial” acumulado de más de US$ 550.000 millones entre 2003 y 2023, una cifra que estimó equivalente al 85% del PBI.
Según detalló, ese cálculo incluye perjuicios por Letras Intransferibles (US$ 116.000 millones), Adelantos Transitorios (US$ 142.000 millones), dividendos girados al Tesoro (US$ 113.000 millones), mecanismos indirectos de financiamiento (US$ 43.000 millones) y el costo de esterilizar pesos mediante pasivos remunerados (US$ 138.000 millones).
En medio del debate sobre si el BCRA debería flexibilizar su política monetaria para reactivar la economía, Werning fue tajante: “No puede sorprender a la sociedad con un poquito de inflación, siempre un poquito de inflación lleva a más inflación”. Sostuvo que la inflación licua deuda, salarios y jubilaciones, y a la larga desmonetiza la economía, poniendo al país “a merced de la dependencia del ahorro externo”.
Durante la sesión, el jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó el proyecto y calificó de “inconstitucional” el cambio en el proceso de elección y remoción de las autoridades del BCRA, al que describió como “una vergüenza para la democracia argentina”.
Bausili, en respuesta, negó que la reforma busque extender los mandatos de las autoridades: recordó que los períodos son de seis años y que entre 2012 y 2024 hubo ocho presidentes del BCRA, cuando en ese lapso “deberían haber existido apenas dos mandatos completos”.
El titular del BCRA también rechazó que la reforma implique un riesgo para los ahorristas. Remarcó que “no implica afectar los depósitos de los argentinos” y señaló que la iniciativa intenta “replicar elementos básicos” de las cartas orgánicas de bancos centrales de países que lograron controlar la inflación.
Con la reforma en debate, el oficialismo y la oposición mantienen posturas divididas sobre el nuevo marco legal del BCRA, mientras el gobierno insiste en que la prioridad es bajar la inflación y evitar que el banco central vuelva a ser usado para financiar al Tesoro. ¿Alcanzarán estos cambios para blindar la política monetaria o abrirán nuevos frentes de discusión en el Congreso?
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En una sesión en el Senado, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó que parte de las reservas en oro fueron trasladadas en 2024 al Banco Internacional de Pagos (BIS), en Suiza, y defendió la reforma de la Carta Orgánica para limitar el financiamiento al Tesoro.
