La justicia española advirtió que archivará en diciembre la causa por lavado de dinero contra Alejandro Betancourt si Estados Unidos no responde sus pedidos de informes. La inacción de Washington frena el avance de la investigación en Madrid.
La justicia española advirtió que archivará en diciembre la causa por lavado de dinero contra Alejandro Betancourt si Estados Unidos no responde sus pedidos de informes. La inacción de Washington frena el avance de la investigación en Madrid.

El magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional de España amenazó con sobreseer antes del cierre del año el expediente por Blanqueo de Capitales que involucra a Alejandro Betancourt, gestor clave de las recientes transacciones energéticas entre la Casa Blanca y Caracas. El juzgado madrileño aguarda sin éxito desde hace cerca de diez meses el cumplimiento de un requerimiento de auxilio internacional dirigido a las autoridades estadounidenses para tomar declaración por videoconferencia a cinco exdirectivos y asesores de PDVSA sentenciados en ese país. Los testimonios resultan indispensables para probar la ilicitud de origen de los US$ 4.350 millones que se habrían canalizado hacia bienes inmobiliarios y participaciones societarias en suelo europeo.
Paralelamente, la defensa del inversionista entregó en los tribunales españoles dictámenes de la Fiscalía venezolana que avalan el cierre de sus expedientes locales bajo la figura de cosa juzgada, al tiempo que en Suiza se levantaron las restricciones de desplazamiento internacional tras la retirada de una solicitud de extradición desde Londres. Para enfrentar el acoso judicial en múltiples jurisdicciones, el empresario articuló una estrategia de asesoramiento legal con penalistas de relieve en Madrid y representantes vinculados a la administración de Donald Trump en Washington, beneficiándose del estancamiento de los requerimientos de cooperación interestatal.
Este martes, el órgano del oficialismo busca afinar la estrategia en torno a iniciativas determinantes.
Pagni señala que el logro de la baja inflacionaria convive con la recesión. Para proteger el desarrollo de Vaca Muerta, el Gobierno morigera las sanciones por Malvinas, mientras Santiago Caputo expande su poder en la Aduana y el PAMI.
El Gobierno oficializó la declaración del Camino de Brochero como patrimonio cultural inmaterial de la Argentina. La Ley 27.823 destaca el valor de su peregrinación e impulsa su hermandamiento de interés nacional con el Camino de Santiago de Compostela.
La siderúrgica Fundición San Cayetano solicitó el concurso preventivo tras acumular un pasivo de 34.187 millones de pesos. La compañía atribuyó su crisis al encarecimiento del crédito, la caída del mercado local y la competencia con productos importados.
Kicillof y Massa desplegaron actos paralelos para fortalecer la militancia y estructurar alianzas dentro del peronismo. Ambos sectores buscan consolidar la unidad del espacio frente a la posible suspensión de las primarias en el Congreso.
La clausura preventiva de ocho áreas por fallas de seguridad frenó la actividad en la mina Cerro Negro. La medida detiene la extracción de oro de la firma Newmont en Santa Cruz y compromete cuantiosos ingresos semanales en exportaciones.
El productor teatral Gustavo Sofovich embistió con su vehículo a una moto en el barrio de Palermo. A raíz del impacto, una joven de 23 años sufrió politraumatismos y debió ser asistida y trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia.
Por falta de fondos, el Gobierno postergó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, sin realizarse desde hace ocho años. El estudio requiere ocho millones de dólares para evaluar la prevalencia de enfermedades crónicas como cáncer y diabetes en Argentina.